Sociedad | 07-03-23 | 03:03 | Actualizada | 13-04-25 | 18:10 |
Pinotepa.— El reconocimiento a los pueblos indígenas otorgado en 2019 en la Constitución Mexicana fue politizado y es insuficiente porque no incluye a las mujeres negras, ni a las juventudes, al no mencionarlas como sujetas de derecho, sino reconocerlas como parte de un territorio, dice Mijane Jiménez Salinas, representante de la Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento en la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero.

Desde el inicio de las movilizaciones para obtener el reconocimiento constitucional, agrega, se buscó que la afirmación legal tuviera la perspectiva de género porque, a pesar de que las mujeres afromexicanas han estado desde el principio en el movimiento, no tenían voz y se dedicaban a labores de acompañamiento, por lo que no estaban en los debates de decisión a pesar de que la mayoría de quienes integran los colectivos son mujeres.

“Ha sido siempre como si estuvieran haciendo campañas con las iniciativas, el tema fue quién ponía la iniciativa, luego un Cabildo en el Congreso, para ver quién se cuelga la medalla igual como se hace ahora con el Plan B de la reforma electoral”, explica Jiménez Salinas.

La también presidenta de la organización Mano Amiga de la Costa Chica, que se especializa en la atención a mujeres afro, dice que el reconocimiento constitucional también se dio porque el Estado mexicano se vio presionado en el ámbito internacional y aceptaron promoverla mediante “un juego perverso” de asambleas y consultas no informadas, ni previas, ni libres. Es por ello, lamenta, que en el proceso hubo acarreo de gente y conformismo de los dirigentes. 

La activista subraya que desde el punto de vista de las mujeres negras se buscaba el reconocimiento para articular políticas diferenciadas que garantizaran los derechos humanos de las mujeres, el acceso a la justicia y a la seguridad, y se fortalecieran sus capacidades para ampliar oportunidades y potenciar una agencia económica muy particular de las colectivas afros.

Dice que una nueva iniciativa de reforma está congelada porque en la actual, en el apartado C del artículo 2 de la Constitución, se busca garantizar una libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social, pero sólo antecede a los pueblos indígenas, mientras que a las comunidades afromexicanas no les da el sentido de equiparabilidad.  

“Queremos una ley donde el racismo sea tipificado como delito”, explica Mijane Jiménez y sostiene que la ley actual puede ser perfectible si el Estado convoca a una consulta real o retomara la iniciativa consultando de verdad a los pueblos afrodescendientes.

¿Pareciera que el Estado busca borrar a los pueblos afros?, se le pregunta a la activista. “Yo creo que el borrado de la historia y el de muchas mujeres y hombres afromexicanos tiene que ver con la desinformación y con un tema presupuestal”, abunda. 

“La lógica que tiene el gobierno federal es para qué ‘inventarnos’ otro pueblo si ya tenemos 68 pueblos indígenas a los que no les podemos cumplir”, detalla. 

El problema, precisa, también se debe a que no tienen representantes en el gobierno de la República, ni diputados o senadores y hay una falta de compromiso institucional. 

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“Las mujeres negras tenemos una crisis en la representación política, nadie representa nuestra agenda por eso el reconocimiento a nuestros derechos como lo establece la ley, es un reconocimiento con muchas comillas que afecta a 2 millones de personas que se autorreconocen como afromexicanas y a otras miles que no han sido contadas”, finaliza.

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