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El Comité Nacional de Radios Comunitarias, Indígenas y Afromexicanas exigieron que la Fiscalía General de la República atraiga e investigue a fondo el asesinato de Salomón Ordóñez, director del medio de comunicación: Shalom Cuetzalan, ocurrido el pasado 23 de junio de 2025 en la comunidad de Patapan, municipio de Cuetzalan, Puebla.
Además, se pide que la investigación se realice a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, conforme al articulo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque su asesinato tiene un vinculo directo con su labor periodística, y así debe tratarse.
"A Salomón lo mataron por comunicar desde y para su pueblo, por su palabra clara, crítica y comprometida, por nombrar las injusticias, por defender el territorio, por decir la verdad. No se trata de un hecho aislado, es parte de una violencia sistemática contra quienes ejercemos la comunicación comunitaria e indígena en México".
Este crimen se suma a una larga lista de agravias que han quedado en la impunidad, agregó el Comité Nacional, y que son resultado de un Estado que ha sido omiso, negligente e incluso cómplice. "No basta con declaraciones, ni condolencias: exigimos acciones concretas, inmediatas y efectivas nos dirigimos a usted con absoluta firmeza para denunciar y condenar", sentenció.
"Nuestra labor está en riesgo"
En el pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvo que la supuesta "no censura" del Gobierno federal no basta cuando los comunicadores indígenas y afromexicanos viven en un contexto de hostigamiento, amenazas, criminalización y muerte.
"Nuestra labor está en riesgo constante por denunciar abusos de poder, la corrupción de autoridades locales y la imposición de megaproyectos que destruyen la vida comunitaria".
Y afirmó que la Cuarta Transformación no ha frenado la violencia contra las pueblas: "En estos últimos años han caído compañeras y compañeros por defender su palabra, su tierra y su agua. Y sus muertes, como la de Salomón, siguen sin justicia".
De acuerdo con esta organización de radios comunitarias, indígenas y afromexicanas, la ausencia del Estado en sus regiones ha generado ingobernabilidad, inseguridad y la reproducción de la impunidad; empresas extractivas que operan sin consentimiento de los pueblos, protegidas por autoridades locales y federales, violentando sus derechos y destruyendo sus territorios, así como gobiernos locales que utilizan recursos públicos y medios institucionales para desacreditar y perseguir a comunicadoras y comunicadores comunitarios.
También, exigió que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y el Sistema Público de Radiodifusión establezcan mecanismos de protección específicos, diferenciados y culturalmente pertinentes para comunicadoras y comunicadores comunitarios, indígenas y afromexicanos, y que el Estado mexicano diseñe e implemente uno político público de comunicación comunitaria, con enfoque de derechos humanos, intercultural y de justicia social.
"La vida de un comunicador indígena no vale menos que la de cualquier otro periodista. Nuestro voz no es marginal, es la voz legítima de los pueblos que siguen vivos y resistiendo. La justicia para Salomón Ordóñez es una exigencia de las pueblos, no una solicitud", señaló.
