El argumento en contra de los proyectos que abandera el presidente Andrés Manuel López Obrador, señala que los pueblos quedan en un estado de indefensión, ya que promueve la imposición el ocultamiento de información, la imposibilidad de las comunidades de utilizar medios de defensa frente a la militarización y criminalización de la protesta social.
"Lo rechazamos por ser un acto autoritario, contrario a la Constitución y por ser violatorio de los derechos de nuestros pueblos, derechos ganados después de largos años de lucha en contra del autoritarismo de caciques y gobiernos. Es por ello que, llamamos a los pueblos de nuestro país por todas las vías posibles levantar la voz y a combatir de manera organizada, movilizándonos e impulsando recursos legales, con el fin de frenar esta ofensiva que desde Palacio Nacional beneficia al gran capital y que ponen en peligro el territorio, los derechos de los pueblos, la soberanía nacional y la vida de nuestras gentes", expusieron en un comunicado.
En este foro se difundieron un sinnúmero de denuncias, como asesinatos de más de 50 defensores comunitarios, entre ellos los de Samir Flores, Luis Armando Fuentes y Noé Jiménez Pablo.
Además, se expuso el injusto encarcelamiento que sufren decenas de luchadores y luchadoras sociales como Kenia Hernández y Salvador Pinal Meléndez; desaparecidos como Sergio Hernández Rivera y Ernesto Sernas, y el desplazamiento de comunidades enteras como lo denunciaron las mujeres triquis de San Juan Copala y de Tierra Blanca, Oaxaca, y de Aldama y Chenalho, Chiapas.
Hicieron un llamado a seguir construyendo y fortaleciendo los bosques y selvas, proteger el agua y conservar las semillas nativas; convocaron a impulsar con mayor fuerza el rescate de las medicinas tradicionales que han mostrado su eficacia ante la pandemia de Covid-19, las redes de comercio justo y de resistencia civil y de técnicas de energía alternativa, además de traspatio y de azotea; seguir creando e impulsando proyectos de comunicación incluyendo a las radios comunitarias.