Rechazan víctimas candidatura de ex fiscal Alejandro González a magistrado del TSJO
Quienes firman el documento, víctimas indirectas y directas de feminicidios, víctimas de tentativa de feminicidio, así como de otros delitos de género piden que la designación sea en apego a la verdad, justicia y reparación
Oaxaca de Juárez.- Víctimas de delitos de género contra mujeres y organizaciones de derechos humanos dirigieron un documento al Congreso del estado para pronunciarse contra la aspiración de Alejandro Magno González Antonio, quien busca ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO).
La carta está dirigida a las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Elisa Zepeda Lagunas, Magaly López Domínguez, Karina Espino Carmona, María Lilia Arcelia Mendoza Cruz, así como al congresista Noé Doroteo Castillejos.
Luego de que trascendiera la intención de González Antonio, ex fiscal y ex vicefiscal de Oaxaca, de ocupar un cargo en el TSJO, las firmantes afirmaron que no cumple con los requisitos legales establecidos en el Artículo 101, fracción VI, de la Constitución local:
“No haber sido secretario de despacho o su equivalente, fiscal general del estado de Oaxaca, diputado local, en el año anterior a su nombramiento”.
Hasta marzo pasado, González Antonio fungió como fiscal general; luego ocupó el cargo de vicefiscal, mismo que dejó en junio pasado.
Quienes firman el documento, víctimas indirectas y directas de feminicidios, víctimas de tentativa de feminicidio, así como de otros delitos de género contra mujeres piden que la designación de quien ocupe una sea en apego a la verdad, justicia y reparación.
Exponen que el ex funcionario obstaculizó el desarrollo de diversas carpetas de investigación de crímenes, entre ellas, los casos de María del Sol Cruz Jarquín víctima de feminicidio en junio de 2018, en Juchitán, Istmo; y de María Elena Ríos, sobreviviente de un intento de feminicidio en septiembre de 2019.
En el caso de Cruz Jarquín, las firmantes señalaron que el ex fiscal estuvo “coludido” con Rubén Vasconcelos Méndez, actual secretario de Bienestar de Oaxaca; ambos, dijeron, habrían ocultado información relevante a la familia.
En el caso de la saxofonista María Elena Ríos, las activistas acusaron a ambos ex fiscales de proteger a Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido contra esta mujer.
El documento está signado por Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín; por María Elena Ríos y por Zoila Bengoechea, madre de Dafne Carreño Bengochea, víctima de feminicidio; además de organizaciones y defensoras de Derechos Humanos, así como por integrantes de la sociedad civil.
Afirmaron que el actual aspirante a magistrado Alejandro Magno González Antonio sostiene relaciones amistosas con Juan Vera Carrizal, presunto agresor de María Elena Ríos Ortiz.
Y que también tiene una relación cercana con Aurora López Acevedo, tía de Alejandro Enrique Rivera López, feminicida de Dafne Carreño Bengoechea.
Asimismo, agregan que otro de los aspirantes a magistrado, Juan Carlos Díaz Carranza, es hijo de Juan Díaz Pimentel, “político oaxaqueño, quien ha influido para que su hijo ocupe sin mérito alguno tan importante cargo. No sólo no ha ejercido la profesión de abogacía, como tampoco tiene residencia en Oaxaca”.
Mientras que la candidata Berenice Ramírez Jiménez trabaja en el Consejo de la Judicatura Federal con el magistrado Alejandro González Bernabé; es esposa de Juvenal Carbajal, quien fue secretario de la SCJN y actualmente es magistrado de Circuito.
Mientras que la aspirante Joanna Vasconcelos Sánchez es juez 4o Familiar del Distrito Judicial del centro, “quien ha faltado a los principios de probidad, excelencia y honorabilidad; pero sobretodo acuerda y resuelve inobservando el interés superior del menor y sin perspectiva de género, cometiendo a todas luces abuso de autoridad, hecho que se comprueba con la resolución a favor de un juez federal”.
Las personas y organizaciones firmantes hicieron un llamado “desde el dolor e indignación que genera la impunidad” a la Comisión de Administración de Justicia y al Pleno de la LXIV Legislatura a actuar con “debida diligencia, a no permitir más impunidad, a no elegir estos perfiles que sin duda alguna corromperán la acción del Tribunal Superior de Justicia, pues es evidente su falta de compromiso con la víctimas, la justicia, la verdad y la reparación”.
