Registran 31 agresiones contra defensores del territorio por obras del Interoceánico en Oaxaca
En el marco del informe de la Misión Civil de Observación, que denunció violaciones a derechos humanos de las comunidades indígenas en el Istmo de Oaxaca, el Cemda dio a conocer más datos
Juchitán.- La Misión Civil de Observación, en la que participaron 23 organizaciones de la sociedad civil, informó que encontraron violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de la zona y contra quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas, en la ejecución de las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
Precisaron que se han violentado los derechos a la información, porque las comunidades reclaman que no han tenido acceso a toda la información relevante relativa a la construcción del megaproyecto y las afectaciones en su territorio.
También señalaron el atropello de sus derechos a la participación, la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural, porque no se han llevado a cabo consultas previas, libres e informadas.
Otros derechos violentados, afirmaron, son a la vida, la integridad, la libertad personal y a la libertad de expresión, debido a las agresiones físicas, hostigamientos y criminalización que están viviendo, sobre todo contra quienes están liderando la lucha por la naturaleza, la tierra y el territorio.
Foto: Claus Mendoza
Xavier Martínez, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), agregó que el “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México”, entre octubre del 2021 y julio del 2023 registró 31 eventos de agresiones colectivas e individuales en contra de comunidades y personas defensoras del territorio y los derechos humanos, en el marco de la construcción del Corredor Interoceánico.
En su mayoría, dijo, las agresiones se cometieron en contra de personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas, principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz.
“Más allá del megaproyecto del CIIT, en general, Oaxaca ocupó el primer lugar en número de eventos de agresión entre 2019 y 2022, de acuerdo a dicha publicación. De un recuento del 2012 al 2018, Oaxaca se ubica como la entidad con mayores registros de ataques o eventos de agresión documentados”.
La Misión de Observación recorrió cuatro comunidades indígenas de la región del Istmo de Tehuantepec: Mogoñé Viejo, San Juan Guichivovi; San María Mixtequilla; Santa Cruz Tagolaba, Santo Domingo Tehuantepec; y Puente Madera, San Blas Atempa.
Foto: Claus Mendoza
Entre las conclusiones de las organizaciones de la Misión, destaca que se han registrado intervenciones violentas por parte de la Marina y de la Guardia Nacional, como desalojos violentos, detención arbitraria y criminalización en contra de personas defensoras.
Esto en Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.
Mientras que en Santa María Mixtequilla se documentó la intimidación de la Guardia Nacional ante la Asamblea Comunitaria y diversos casos de represión en contra de personas que han mostrado resistencia al “Polo de Desarrollo” que se pretende construir.
Foto: Claus Mendoza
En Santa Cruz Tagolaba, mencionaron eventos de agresiones físicas, despojo, ocupación ilegal de tierras y desplazamientos forzados en contra de comuneros y comuneras debido a la especulación provocada por el Corredor Interoceánico al encontrarse en un punto estratégico.
Y finalmente, en la comunidad de Puente Madera, detallaron que se ha sufrido una campaña de criminalización y difamación, así como una serie de agresiones como detención arbitraria y fabricación de delitos en contra de 17 defensoras y defensores por su lucha ante la imposición del “Polo de Desarrollo” de San Blas Atempa, Oaxaca.
“La imposición es a través de líderes políticos como Antonino Morales Toledo, ex presidente municipal de San Blas Atempa y actual Secretario de Administración del Gobierno de Oaxaca. Es el principal actor que está realizando esta imposición en las tierras comunidades de San Blas Atempa”, apuntó David Hernández, defensor comunitario de Puente Madera, y detenido el 17 de enero de 2023 por el delito de ataques a las vías de comunicación y daños por incendio. Otros 17 habitantes de Puente Madera enfrentan órdenes de aprehensión por estos delitos.
Sandra Patargo, de la organización Front Line Defenders, también detectaron la existencia de ataques e impactos diferenciados en mujeres indígenas defensoras quienes enfrentan agresiones, calumnias y difamación basadas en estereotipos de género y con cargas de sexualidad. “Esto impacta también en su liderazgo, su rol comunitario y familiar”, dijo.
Y señaló que entre las autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos señaladas durante la misión destaca la Guardia Nacional, la Marina, la Sedena, la Policía Estatal, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, autoridades municipales y la Procuraduría Agraria, y fueron señalados también diversas empresas, grupos armados y caciques locales.
La Misión de Observación hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales competentes para que reconozcan y respeten los derechos humanos y colectivos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio, a la participación, al consentimiento previo, libre e informado, y la vida de los pueblos indígenas, bajo el estándar más alto de protección.
Así como garantizar el derecho de acceso a la justicia y detener toda forma de amenaza y agresión en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza.
Foto: Claus Mendoza
También que emprendan las acciones necesarias para garantizar un entorno seguro en el marco del artículo 9 del Acuerdo de Escazú para que puedan realizar su labor, y provean a los pueblos indígenas de la información necesaria, suficiente, completa y culturalmente adecuada sobre el megaproyecto y todos sus componentes como son el gasoducto y los polos de desarrollo, “para que puedan ejercer su derecho a la libre determinación”.
El informe final de la Misión de Observación, informó Xavier Martínez, se entregará a las autoridades del gobierno mexicano señaladas y a relatorías de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
