También señalaron el atropello de sus derechos a la participación, la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural, porque no se han llevado a cabo consultas previas, libres e informadas.
La Misión de Observación recorrió cuatro comunidades indígenas de la región del Istmo de Tehuantepec: Mogoñé Viejo, San Juan Guichivovi; San María Mixtequilla; Santa Cruz Tagolaba, Santo Domingo Tehuantepec; y Puente Madera, San Blas Atempa.
Entre las conclusiones de las organizaciones de la Misión, destaca que se han registrado intervenciones violentas por parte de la Marina y de la Guardia Nacional, como desalojos violentos, detención arbitraria y criminalización en contra de personas defensoras.
Esto en Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.
Mientras que en Santa María Mixtequilla se documentó la intimidación de la Guardia Nacional ante la Asamblea Comunitaria y diversos casos de represión en contra de personas que han mostrado resistencia al “Polo de Desarrollo” que se pretende construir.
En Santa Cruz Tagolaba, mencionaron eventos de agresiones físicas, despojo, ocupación ilegal de tierras y desplazamientos forzados en contra de comuneros y comuneras debido a la especulación provocada por el Corredor Interoceánico al encontrarse en un punto estratégico.
Y finalmente, en la comunidad de Puente Madera, detallaron que se ha sufrido una campaña de criminalización y difamación, así como una serie de agresiones como detención arbitraria y fabricación de delitos en contra de 17 defensoras y defensores por su lucha ante la imposición del “Polo de Desarrollo” de San Blas Atempa, Oaxaca.
“La imposición es a través de líderes políticos como Antonino Morales Toledo, ex presidente municipal de San Blas Atempa y actual Secretario de Administración del Gobierno de Oaxaca. Es el principal actor que está realizando esta imposición en las tierras comunidades de San Blas Atempa”, apuntó David Hernández, defensor comunitario de Puente Madera, y detenido el 17 de enero de 2023 por el delito de ataques a las vías de comunicación y daños por incendio. Otros 17 habitantes de Puente Madera enfrentan órdenes de aprehensión por estos delitos.
Sandra Patargo, de la organización Front Line Defenders, también detectaron la existencia de ataques e impactos diferenciados en mujeres indígenas defensoras quienes enfrentan agresiones, calumnias y difamación basadas en estereotipos de género y con cargas de sexualidad. “Esto impacta también en su liderazgo, su rol comunitario y familiar”, dijo.
Y señaló que entre las autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos señaladas durante la misión destaca la Guardia Nacional, la Marina, la Sedena, la Policía Estatal, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, autoridades municipales y la Procuraduría Agraria, y fueron señalados también diversas empresas, grupos armados y caciques locales.
La Misión de Observación hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales competentes para que reconozcan y respeten los derechos humanos y colectivos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio, a la participación, al consentimiento previo, libre e informado, y la vida de los pueblos indígenas, bajo el estándar más alto de protección.
Así como garantizar el derecho de acceso a la justicia y detener toda forma de amenaza y agresión en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza.
También que emprendan las acciones necesarias para garantizar un entorno seguro en el marco del artículo 9 del Acuerdo de Escazú para que puedan realizar su labor, y provean a los pueblos indígenas de la información necesaria, suficiente, completa y culturalmente adecuada sobre el megaproyecto y todos sus componentes como son el gasoducto y los polos de desarrollo, “para que puedan ejercer su derecho a la libre determinación”.
El informe final de la Misión de Observación, informó Xavier Martínez, se entregará a las autoridades del gobierno mexicano señaladas y a relatorías de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).