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El representante de Segob respaldó la petición de que el Congreso de Oaxaca analice la propuesta y la aproveche, pues las medidas legislativas ahí propuestas “fortalecerán la coordinación de las instancias locales con la Federación, y de esa manera contribuyen también a la construcción de una nueva política nacional en la materia”.
Señaló que por ser el segundo estado con mayores asesinatos de personas defensoras y el quinto con mayores datos de asesinatos de periodistas, Oaxaca es uno de los estados prioritarios para la Segob.
También destacó de manera positiva que la propuesta busque “garantizar medidas cautelares y obligar a los funcionarios a actuar de inmediato en caso de agresiones a periodistas y personas defensoras”.
El foro fue moderado por Marcos Leyva Madrid, director de Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y contó con la participación de Yésica Sánchez Maya, del equipo directivo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Pedro Matías Arrazola, periodista, corresponsal de la Revista Proceso y fundador de Página 3; Irazoque Palazuelos, Fuentes Ordaz y Rodríguez Alamilla.
Durante el foro se analizó la iniciativa ciudadana que busca adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, el Código Penal para el Estado, la Ley Orgánica Municipal y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. La iniciativa fue entregada al Congreso del Estado el pasado 22 de agosto.
Yésica Sánchez Maya, de Consorcio, y quien presentó la propuesta y explicó que se da en el contexto del impulso a nivel federal a la construcción de una ley general en materia de prevención y protección a periodistas y personas defensoras.
Precisó que la iniciativa ciudadana busca responder a la situación, necesidades y especifidades de Oaxaca en paralelo del proceso nacional.
Agregó que la iniciativa que responde también a la descoordinación y falta de respuesta gubernamental, se centra en tres vertientes: el garantizar la labor, el exigir la protección a la labor y el sancionar a perpetradores de agravios contra personas defensoras y periodistas, así como a funcionarios que generan permisibilidad e impunidad por su actuar deficiente, cómplice, negligente u omiso.
Pedro Matías Arrazola explicó que la aprobación de esta propuesta es urgente frente a los “altos índices de impunidad y simulación gubernamental en todos sus niveles”. Compartió al respecto cifras de la organización Artículo 19, que en México ha registrado 156 asesinatos de periodistas de 2000 a la fecha, 15 de ellos en Oaxaca.
Recalcó que la iniciativa “establece instrumentos punitivos, encaminados a incrementar sanciones penales y administrativas en contra de quienes no garantizan y obstaculizan la protección y labor de defensa de derechos humanos y periodismo en Oaxaca”.
