La Sección 22 del SNTE responsabilizó a los gobiernos federal, estatal y municipal, del intento de desalojo por un grupo de personas civiles en el crucero vial del municipio de la Villa de Mitla, sobre la carretera federal 190.
El gremio magisterial sostuvo que estás acciones fueron ejecutadas por grupos de choque bajo una estrategia sistemática de provocación, confrontación y violencia política orientada a reprimir la legítima protesta del magisterio democrático.
Esta mañana, un grupo de pobladores de la Villa de Mitla, municipio de la región Valles Centrales, intentó desalojar a los maestros que bloquean el entronque a su comunidad sobre la carretera federal. Esto causó un enfrentamiento a golpes, piedras y en el que se detonaron armas de fuego. Tras el choque, los docentes bloquearon nuevamente la vía y prendieron fuego a llantas, e informaron que se registran personas lesionadas.
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"El gobierno de Salomón Jara Cruz, lejos de construir soluciones reales a las demandas del magisterio y del pueblo, vuelve a recurrir a prácticas que históricamente han caracterizado a los gobiernos autoritarios y sobre todo estrategia que ha marcado a su gobierno: la utilización de grupos de choque, grupos paramilitares, la criminalización de la protesta social y la represión encubierta", denunció mediante un comunicado.
La Sección 22 del SNTE condenó estos hechos y los calificó como una estrategia paramilitar y de desgaste político impulsada desde las estructuras gubernamentales, que pretende contener mediante la violencia lo que no han podido resolver con capacidad política, voluntad resolutiva, ni atención a las demandas legítimas del movimiento magisterial democrático.
"Hoy queda nuevamente desenmascarado el falso discurso del llamado gobierno de diálogo abierto. Mientras mediáticamente pregonan apertura, respeto y negociación, en los hechos responden con agresiones, despliegues policiales, intimidación y el uso de terceros para violentar la movilización popular, intentando lavarse las manos frente a su responsabilidad política y operativa".
El magisterio también afirmó que la responsabilidad recae plenamente en los tres niveles de gobierno, quienes actúan de manera coordinada para desarticular la protesta social, apostando por la confrontación en lugar de atender las causas profundas del conflicto.
"Advertimos que estas agresiones no detendrán la lucha histórica del magisterio democrático. Por el contrario, fortalecen nuestra convicción de continuar organizados, movilizados y firmes en la defensa de la educación pública, los derechos laborales y las causas del pueblo trabajador".
Finalmente, exigió un alto inmediato a las agresiones y provocaciones contra el magisterio democrático; garantías para la integridad física y política de nuestras compañeras y compañeros movilizados; castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos; y respuestas inmediatas, serias y resolutivas a sus demandas.
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