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La asamblea estatal de la Sección 22 del SNTE avaló un primer dictamen de la Comisión de Honor y Justicia en la que aplican el principio rector 20 a todos los integrantes del anterior Comité Ejecutivo Seccional (CES), encabezado por el ex dirigente sindical Eloy López Martínez.
Con la aplicación de este principio que rige al magisterio en Oaxaca, implica la suspensión de los derechos sindicales de quienes estuvieron al frente y fueron parte de la dirigencia de la Sección 22 del SNTE en el periodo comprendido entre el 2017 y 2022.
El 4 de agosto de 2024, un total de 116 profesores que formaron parte del Comité Ejecutivo Seccional (CES) durante el periodo López Hernández, fueron inhabilitados de manera “sindical-oficial temporal” hasta que concluyeran las auditorías con el fin de garantizar la imparcialidad y transparencia en la investigación, sobre presuntos actos de corrupción.
Y ayer, fueron suspendidos sus derechos con la aplicación del principio rector 20 que castiga a los dirigentes que “pretenden utilizar la comisión sindical para la obtención de beneficios personales o cometer actos considerados de corrupción por este movimiento".
“Que se entiende por corrupción la negociación en forma aislada de las instancias correspondientes (Plenarias, por secretarias con menos del 50%) desviación de los Principios Rectores, incumplimiento de sus funciones sindicales, acoso sexual, venta de plazas, traición al movimiento democrático, prepotencia en atención a las bases, actos de negligencia, labores contrarias al movimiento, actos de flagrancia, etc”.
Además de los integrantes del CES, también fueron inhabilitados temporalmente los profesores que formaron parte de los organismos estatutarios y no estatutarios como el CETEO, espacios ganados por el magisterio, el ICN, CENCOS 22, CEPOS 22, COMADH, CEDES 22 y el Cuerpo Jurídico.
Previamente se inició un periodo para recibir denuncias relacionadas con la actuación de la dirigencia encabezada por el ex líder sindical Eloy López Hernández, que incluye a los integrantes del Comité Ejecutivo del gremio magisterial en Oaxaca durante los años de 2017 -2022.
El periodo para la recepción de denuncias por escrito se realizó del 25 de junio al 25 de julio de 2024, y fueron recibidas por la Comisión de Honor y Justicia nombrada por la Asamblea Estatal de la Sección 22 del SNTE el 2 de diciembre de 2023.
Eloy López, ex secretario general de la Sección 22 del SNTE y los integrantes del Comité Ejecutivo, fueron acusados de recibir dinero del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, a cambio de no realizar movilizaciones ni plantones durante su administración en el marco de las revisiones anuales del contrato colectivo de trabajo y el pliego de demandas del movimiento magisterial.
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El ex líder sindical también fue señalado por la contratación de algunos fideicomisos que la actual dirigencia encabezada por Yenny Aracely Pérez Martínez, y los cuales se tuvieron que cancelar. Uno de ellos fue la cancelación del convenio de Adhesión al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de fecha 29 de marzo del 2022 mismo que fue firmado por el ex secretario general Eloy López Hernández y el ex secretario de Previsión y Asistencia Social, Jorge Cajero Velasco, con Consulta Actuarios Sociedad Civil.
En mayo de 2023, la secretaria general de la Sección 22 del SNTE, Aracely Pérez, aseguró que el anterior comité ejecutivo incurrió en presuntos actos de corrupción tras unas primeras investigaciones.
Sin embargo, el ex secretario de Prensa y Propaganda de la Sección 22 del SNTE, Wilbert Santiago Valdivieso, junto con el encargado de la secretaría de jubilados y pensionados, Zenón Luis Ruiz, y Mateo Vásquez Pérez, auxiliar de Primaria General, que en ningún momento se les otorgó el derecho de réplica para defenderse de las acusaciones en su contra.
Asimismo, aseguró que nunca hubo una auditoría a la gestión o administración del CES anterior de la Sección 22, por lo cual no se garantiza la transparencia ni la justicia en el proceso que siguió la Comisión de Honor y Justicia.
“Al término de esta asamblea estatal fue avalado un primer dictamen de esta comisión, que a mi juicio, es un dictamen de injusticia porque ninguno de los compañeros fuimos escuchados, no fuimos llamados”.
Esto, dijo, viola el propio principio rector 20 que establece la obligatoriedad del derecho de réplica.
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“El principio rector 20 está generando una afectación laboral a todos los compañeros que no fueron llamados, porque a partir de la aplicación de este principio se les impide a los compañeros lograr un ascenso, pasar de maestros a directores, de directores a supervisores y de supervisores a jefes de sector. Por eso es importante que respeten el derecho a la movilidad social al compañero que ya brindó su servicio al movimiento, que no lo castiguen sin antes escucharlo, sin antes revisar lo que es la transparencia”, mencionó entre otras afectaciones.
En su caso, Wilbert Santiago informó que lleva ocho años sin poder trabajar debido a las decisiones de la asamblea estatal, por lo cual lleva un juicio laboral ante los juzgados federales en el que está demandando la reparación del daño.
Finalmente, calificó la aprobación del primer dictamen de la Comisión de Honor y Justicia como un “juicio sumario” y por “consigna” al aplicarles el principio rector 20, sin ser escuchados.
