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Juchitán, Oax. - La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la Recomendación 23/2025 al gobierno de Salina Cruz, tras la muerte de Andrea Tamara, quien fue hallada sin vida, en septiembre pasado, en una celda de la comisaría de esa ciudad.
La DDHPO, explicó que halló “elementos que permiten advertir posibles vulneraciones al derecho a la libertad personal, a la seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal en agravio de una mujer, así como afectaciones a los derechos de sus familiares”.
Andrea Tamara, fue encontrada sin vida el sábado 14 del pasado mes de septiembre en una celda de la policía municipal del puerto, luego de ser detenida en la tarde anterior, sin que “existiera claridad pública sobre el momento exacto de su aprehensión ni las razones del arresto”.
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La DDHPO informó que “tras las diligencias realizadas, advirtió que la persona detenida fue ingresada a una celda sin que existiera constancia visual o auditiva que permitiera confirmar que se le informaron los motivos legales de su detención”.
Tampoco se contó, dijo la DDHPO, con elementos que acreditaran que la mujer tuvo acceso a una defensa adecuada o que se hubiera facilitado su comunicación con algún familiar o representante. Estas omisiones generaron un escenario que compromete la legalidad de la detención.
La institución defensora, señaló “deficiencias en la certificación médica, ya que en las videograbaciones disponibles no se observó ninguna valoración al ingreso, y, pese a ello, el personal médico del juzgado cívico asentó que la mujer se encontraba bajo el influjo de alcohol”.
“A partir de estos hallazgos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dirigió la Recomendación 23/2025 al Ayuntamiento de Salina Cruz, sugiriendo acciones encaminadas a avanzar hacia la reparación integral y la no repetición”.
La institución consideró necesario que se emita una circular interna mediante la cual se instruya a la Comisaría de Seguridad Pública a abstenerse de ingresar a personas detenidas en los separos sin haberlas puesto a disposición del Juzgado Cívico Municipal.
La recomendación incluye además la importancia de que la Comandancia Municipal cuente con un servicio médico encargado de evaluar a todas las personas aseguradas desde el momento de su ingreso.
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