Separan a 6 funcionarios de Oaxaca de Juárez tras sustracción y venta de más de 700 vehículos del corralón
En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario de Gobierno municipal confirmó que se produjo un acto ilegal con los vehículos y exigió que se investigue “hasta sus últimas consecuencias”
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Oaxaca de Juárez.- El municipio de Oaxaca de Juárez informó que seis funcionarios públicos fueron removidos de sus cargos por la sustracción y venta de más de 700 vehículos que se encontraban en el encierro vehicular Primavera, ubicado en San Jacinto Amilpas, en 2022.
De acuerdo con una copia de la denuncia presentada por Fidel Vásquez Vargas, director de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del municipio, en manos de EL UNIVERSAL, entre mayo y junio de 2022 fueron sustraídos “426 vehículos, 350 motocicletas, 34 bicicletas y un montículo de desperdicios”.
Por estos vehículos, el ciudadano Raymundo Daniel Martínez Gallardo entregó la cantidad de 700 mil pesos, según consta en la denuncia, a Gilberto Sánchez, exfuncionario de la Dirección de Patrimonio municipal.
La existencia de un pago no de 700 sino de 600 mil pesos, de acuerdo con los señalamientos en la denuncia, fue confirmada por José Luis Arana Rodríguez, funcionario de la Dirección de Patrimonio, durante una reunión en la que afirmó que estuvieron presentes directores municipales, así como el presidente municipal, Francisco Martínez Neri, y el secretario de gobierno, Felipe Canseco Ruiz.
En el documento también se afirma que el pago de 600 mil pesos fue “en especie”, con el que se entregó al encierro Primavera “una carretilla, cuatro lámparas pequeñas, dos colchones sencillos, una impresora pequeña, dos chalecos de color verde y una desbrozadora”; según una fuente cercana al municipio, el valor de los vehículos es de unos 30 millones de pesos.
En el documento también se indica que la orden para que los vehículos del corralón Primavera fueran extraídos la dio Alejandro García Peña, a quien se señala como integrante “del área de Concertación Política”, quien mediante llamada telefónica afirmó que se trataba de una orden del secretario de gobierno y del presidente municipal.
Cuestionado al respecto, el secretario de gobierno municipal, Felipe Canseco Ruiz, afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL que “es falso” que Alejandro García Peña haya realizado esas declaraciones y que como jefe del departamento de Análisis y Seguimiento de la Secretaría de Gobierno, “no tiene mando ni injerencia sobre los corralones ni la Dirección de Movilidad” que está a cargo de ellos.
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“Ninguno de los encierros están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, ni dentro de las facultades y atribuciones de la Secretaría de Gobierno están ni los encierros municipales ni los vehículos que se encuentran dentro de ellos”, expresó el secretario de gobierno municipal, en entrevista telefónica realizada este jueves.
El funcionario reconoció que, en efecto, se produjo un acto ilegal en relación a los vehículos que se encontraban en uno de los encierros del municipio; no obstante, negó categóricamente haber emitido cualquier orden para la sustracción y venta de dichos autos y motocicletas.
“Yo he exigido que en el ámbito penal, esta carpeta debe llegar hasta sus últimas consecuencias y quienes tengan responsabilidad deben afrontar las consecuencias que correspondan”.
Además, afirmó que estos señalamientos hacia su persona y el edil Francisco Martínez Neri se enmarcan en un contexto político de las elecciones venideras, pues señaló que “muchos que quisieran estar en contexto político el próximo año electoral, [consideran que somos quienes] tienen que debilitar para tener posibilidades”.
Investigación en curso
En un comunicado, el ayuntamiento señaló que luego de que el presidente municipal Francisco Martínez Neri tuvo conocimiento del tema, instruyó a que se realizaran los procedimientos necesarios ante el Órgano Interno de Control Municipal y la Fiscalía General del Estado (FGEO).
“Como resultado de estas acciones, el Órgano de Control Interno Municipal realiza actualmente las investigaciones inherentes a sus facultades y, por otra parte, la Síndica Municipal interpuso ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) la denuncia penal correspondiente”, señaló el municipio.
Para no interferir en las investigaciones, Martínez Neri determinó que fueran separados de sus cargos los servidores públicos que tenían bajo su responsabilidad el encierro vehicular así como los bienes que fueron sustraídos.
Hasta el miércoles, el municipio de Oaxaca de Juárez recibió las renuncias voluntarias de cuatro personas y separó a dos más de su cargo, “sin perjuicio de los resultados de los procedimientos administrativos o penales”, explicó.
