Por estos vehículos, el ciudadano Raymundo Daniel Martínez Gallardo entregó la cantidad de 700 mil pesos, según consta en la denuncia, a Gilberto Sánchez, exfuncionario de la Dirección de Patrimonio municipal.
La existencia de un pago no de 700 sino de 600 mil pesos, de acuerdo con los señalamientos en la denuncia, fue confirmada por José Luis Arana Rodríguez, funcionario de la Dirección de Patrimonio, durante una reunión en la que afirmó que estuvieron presentes directores municipales, así como el presidente municipal, Francisco Martínez Neri, y el secretario de gobierno, Felipe Canseco Ruiz.
En el documento también se indica que la orden para que los vehículos del corralón Primavera fueran extraídos la dio Alejandro García Peña, a quien se señala como integrante “del área de Concertación Política”, quien mediante llamada telefónica afirmó que se trataba de una orden del secretario de gobierno y del presidente municipal.
Cuestionado al respecto, el secretario de gobierno municipal, Felipe Canseco Ruiz, afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL que “es falso” que Alejandro García Peña haya realizado esas declaraciones y que como jefe del departamento de Análisis y Seguimiento de la Secretaría de Gobierno, “no tiene mando ni injerencia sobre los corralones ni la Dirección de Movilidad” que está a cargo de ellos.
“Ninguno de los encierros están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, ni dentro de las facultades y atribuciones de la Secretaría de Gobierno están ni los encierros municipales ni los vehículos que se encuentran dentro de ellos”, expresó el secretario de gobierno municipal, en entrevista telefónica realizada este jueves.
El funcionario reconoció que, en efecto, se produjo un acto ilegal en relación a los vehículos que se encontraban en uno de los encierros del municipio; no obstante, negó categóricamente haber emitido cualquier orden para la sustracción y venta de dichos autos y motocicletas.
“Yo he exigido que en el ámbito penal, esta carpeta debe llegar hasta sus últimas consecuencias y quienes tengan responsabilidad deben afrontar las consecuencias que correspondan”.
En un comunicado, el ayuntamiento señaló que luego de que el presidente municipal Francisco Martínez Neri tuvo conocimiento del tema, instruyó a que se realizaran los procedimientos necesarios ante el Órgano Interno de Control Municipal y la Fiscalía General del Estado (FGEO).
“Como resultado de estas acciones, el Órgano de Control Interno Municipal realiza actualmente las investigaciones inherentes a sus facultades y, por otra parte, la Síndica Municipal interpuso ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) la denuncia penal correspondiente”, señaló el municipio.