Vásquez Sagrero mencionó, por ejemplo, el uso de un poder presuntamente otorgado por una de las propietarias, Elena Medina (fallecida en el año 2022), que no tiene ningún valor porque nunca se presentó a firmarlo ante el notario público Arturo Vásquez Urdiales. Con ese poder, dijo, se hicieron diversos trámites catastrales, entre otros, pese a no tener ningún valor y lo cual calificó como grave.
Otros de los delitos que señaló fue la simulación de un juicio en el distrito de Teposcolula, promovido por Toro Ferrer, con el fin de obligar el otorgamiento de una escritura a Adrián Velásquez, que posteriormente se comprobó que la escritura era falsa.
También mencionó el hallazgo de un decreto expropiatorio de ese terreno de 12 hectáreas elaborado en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, “que estaba guardado en un cajón”, y en el que se pretendía beneficiar a los supuestos tres dueños: Elena Medina, Adrián Velásquez y Daniel Sierra, con 300 millones de pesos. Un monto que aseguró es muy superior al valor catastral de ese predio, que es de 50 millones de pesos.
Hasta ahora, dijo que el único que ha promovido un juicio contra el gobierno del estado por el decreto expropiatorio para la construcción del Parque Primavera es el supuesto dueño identificado como Daniel Sierra. Y afirmó que hasta ahora únicamente se ha admitido un amparo promovido por Toro Ferrer, éste no implica la suspensión de los trabajos del parque ni del decreto expropiatorio.
Ante la comisión de diversos delitos, el gobierno de Oaxaca no ha informado si presentó una denuncia o procedido penalmente contra el abogado Toro Ferrer, notarios y ex servidores públicos implicados en este caso sobre la propiedad de los terrenos de la ex fábrica de Triplay.