Huajuapan. - A 16 años del homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, las instituciones del gobierno mexicano han sido omisas en el acceso a la justicia de los activistas asesinados en la entrada a San Juan Copala, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.
“Es un símbolo de la impunidad institucionalizada, donde la omisión, la negligencia y la complicidad han operado como política de Estado”, señalan.
Este 27 de abril se cumplen 16 años del doble homicidio en la entrada a San Juan Copala, en donde fueron asesinados la activista Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y de Jyri Antero Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés.
El MAIZ expone que aquellos hechos violentos no han sido diferentes al contexto actual, para las y los defensores de derechos humanos y de los territorios.
“A lo largo de estos años, las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia no solo han fallado, sino que han contribuido a sostener un sistema donde la violencia contra quienes defienden la vida y el territorio no tiene consecuencias”, denunciaron integrantes de Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).
En este contexto, la organización, demanda que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México se pronuncie sobre este caso como ejemplo de la crisis estructural de derechos humanos en el país.
Además de visibilizar la responsabilidad del Estado mexicano “en la perpetuación de este ciclo de impunidad. Y que dé seguimiento a la situación de personas defensoras desaparecidas y asesinadas en México”.
En el contexto local, indicaron que en el actual gobierno morenista encabezado por Salomón Jara Cruz, se han registrado nuevos hechos de violencia contra defensores del territorio, que reflejan la continuidad de agresiones y asesinatos sin esclarecimiento, desapariciones forzadas sin verdad ni justicia, así como la falta de garantías reales de protección para comunidades en resistencia. Y la defensa del territorio sigue siendo una actividad de alto riesgo.
“Estos hechos no son aislados, son la expresión de un continuo histórico de violencia e impunidad, donde el Estado no solo es incapaz de proteger, sino que termina siendo parte del problema”, externaron.
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