Sin recursos ni personal, viven simulación 527 Instancias Municipales de las Mujeres en Oaxaca
Estudio del Congreso oaxaqueño revela que sólo se confirmó la creación de 95 órganos, mismos que no tienen claridad en su función; sólo 4 cuentan con refugios
Oaxaca de Juárez.— A pesar de que las Instancias Municipales de la Mujer son obligatorias por mandato federal, en realidad son “elefantes blancos”, afirma Nora Elizabeth García Cancino, quien hasta hace unos días fungía como titular de la Casa de Medio Camino (Camec), refugio de alta seguridad para mujeres víctimas de violencia extrema en Oaxaca de Juárez.
García Cancino señala que para cumplir con el requisito, en la mayoría de los casos se designa como titular de la Instancia Municipal a la titular del DIF o a una regidora con presupuesto limitado; esto, dice, la hace inoperante: “En muchas ocasiones no existen recursos y sólo un acta de cabildo es la constancia de la creación de la instancia”.
En septiembre de 2019, las y los legisladores de Oaxaca aprobaron una reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado, para que cada uno de los 570 municipios creara una Instancia Municipal de la Mujer. En 2021, el gobierno federal la convirtió en obligatoria.
En días pasados, el Congreso local dio a conocer el informe Condiciones de las Instancias Municipales de las Mujeres en Oaxaca en septiembre de 2022, en el que cuenta 527 instancias municipales oficiales: 42 en la región Cañada, 48 en la Costa, 35 en el Istmo, 17 en la Cuenca, 66 en la Sierra Sur, 56 en la Sierra Norte, 110 en Valles Centrales y 153 en la Mixteca.
No obstante, hasta agosto de 2022, sólo se pudo confirmar vía telefónica la creación de 95 instancias, debido a dificultades técnicas. De esas 95, sólo 37 respondieron al cuestionario de la investigación, que evidenció que la de Oaxaca de Juárez se creó como instituto en 2006, mientras que otras se crearon hasta agosto de 2022. En 43 municipios no se han creado.
El informe del Congreso también señala entre sus hallazgos que sólo cuatro de las instancias municipales reportaron contar con refugios para mujeres víctimas, una de sus obligaciones estipuladas en la ley, se trata de las de Oaxaca de Juárez, Santiago Astata, Pinotepa de Don Luis y Loma Bonita, pero no puntualiza si existen recursos para su funcionamiento.
Sin capacitación ni presupuesto
Nora ha sido titular de instancias municipales y en su experiencia, agrega, Oaxaca no es el único estado en donde a las instancias no se les da la relevancia debida; la situación es generalizada y ello se debe a que quienes están al frente desconocen los objetivos de las mismas.
La exfuncionaria lamenta la ignorancia de los cabildos sobre el funcionamiento de las instancias, pues se piensa que son espacios para la atención de la violencia o de asistencia social, cuando su función principal es la creación de políticas públicas para la atención de la violencia de género.
García Cancino agrega que no se destina un peso ni a los institutos ni a las instancias, pues se espera que funcionen con tequio de las mujeres aliadas; además, operan en oficinas poco apropiadas.
La investigación del Congreso arroja que en 63% de los casos, los recursos vienen de los egresos municipales.
En Oaxaca de Juárez se destina un monto anual de 10 millones 699 mil 753 pesos. No obstante, 60.2% es para el pago de nómina, 39.8% a la operación de la Casa de Medio Camino y el Instituto de la Mujer y 4.8% a los programas institucionales.
La ley dice que las instancias deben contar con inmuebles propios, pero en municipios como Tataltepec de Valdés y Santa Catarina Loxicha no los hay.
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Por ello, el Congreso concluyó la necesidad de destinar una partida presupuestal para las instancias, capacitar al personal y garantizar el funcionamiento de las oficinas.
“Somos un estado con alerta de género y no hay presupuesto para capacitación y reeducación”, dice la legisladora Concepción Rueda.
Hasta febrero de 2023, Oaxaca ocupó el segundo lugar nacional en feminicidio, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Voluntad Política
Nora García puntualiza que el presupuesto es primordial para el funcionamiento de las instituciones destinadas a la atención, prevención y sanción de la violencia de género, además de la voluntad política para actuar con respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Y puntualiza que el objetivo de las instancias municipales es impulsar políticas de igualdad, y para una adecuada atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia.
Abogada de profesión, García Cancino ha trabajado en la fiscalía estatal; en su experiencia, 98% de los casos fueron por violencia de género: “Es importante recordar que lo que hace falta es voluntad política, para capacitar a los funcionarios, para que atiendan a las mujeres cuando van a denunciar, para que sepan qué hacer y hacer las acciones adecuadas para evitar que las denuncias de las víctimas concluyan en feminicidios”.
