Supera los 200 millones de pesos fraude de financieras a profesores damnificados de Oaxaca

Oaxaca de Juárez.- A cuatro años de los sismos de septiembre de 2017 que devastaron Oaxaca, emerge una nueva modalidad de fraude a los damnificados, entre ellos profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Tras los sismos, en el Istmo de Tehuantepec, principalmente, aparecieron representantes de instituciones financieras que ofertaron préstamos a fondo perdido con membrete del gobierno federal y de las empresas a las que representaban.

Según su propuesta de crédito, no se debía pagar nada porque era parte de un programa de gobierno; sin embargo, en el contrato se establece que los beneficiarios deben cubrir  un monto tres veces superior al dinero que recibieron, que se les descontaría vía nómina.

Cerca de dos centenares de maestros de la Sección 22 del SNTE, quienes han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), adquirieron estos créditos en cantidades que van desde los 30 mil, 50 mil, 100 mil y hasta 300 mil pesos. No sólo era falso que fuera un “préstamo a fondo perdido”, las instituciones nunca les entregaron el 100% del dinero solicitado, sólo les dieron hasta 40%.

Bajo esta modalidad de fraude suman 175 las víctimas afiliadas al sindicato magisterial. El monto  que se prestó a estos profesores asciende a 17.9 millones de  pesos, de los cuales no recibieron ni la mitad y su deuda triplicada es de 53.9 millones.

Las instituciones financieras acusadas por este fraude son Credifiel, Crédito Maestro, HXTI, Paguitos, Consubanco, Consupago, Múltiplica tu Nómina, Re-Fácil y Etesa, entre otras.

“Muchos compañeros cayeron en este tipo de crédito, pero nunca fue a fondo perdido. De inmediato, al haber adquirido ese crédito les empezaron a descontar vía nómina a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), y estos descuentos continúan.

“Hubo diferentes sumas y en el crédito ya viene instaurado en el contrato que si adquirieron 300 mil pesos hoy son deudores de 900 mil, es decir, les cobran tres veces lo que les prestaron y además no les depositaron el 100%”, puntualiza Hugo Ramírez Hernández, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 22 del SNTE.

Foto: Archivo. EL UNIVERSAL

Robo de identidad 

A este delito se suma una segunda modalidad de fraude de las mismas instituciones financieras, según Hugo Ramírez,  que consiste en el  robo de identidad de los profesores. De algún modo, estas empresas obtienen las fotos de los docentes y copias de sus credenciales de elector para afirmar que solicitaron un préstamo y solicitar al IEEPO que realice los descuentos a los salarios y deposite el monto a la institución financiera.

Aunque presentan documentación, en la mayoría de los casos las firmas de los profesores  son falsas y las víctimas no reconocen esos créditos.

“Incluso en los contratos aparecen las fotos de nuestros compañeros, sus identificaciones, pero ellos nunca proporcionaron esa documentación, y los contratos tienen firmas falsas. Puede que tengan los documentos, pero no tienen las firmas”, señala Hugo Ramírez.

En este tipo de fraude y robo de identidad suman 250 víctimas profesores, que han denunciado ante la Secretaría de Asuntos Jurídicos del sindicato y algunos ante la fiscalía oaxaqueña por los delitos de fraude, falsificación de documentos y firmas, y robo  de identidad. El monto sigue sin precisarse porque las denuncias crecen continuamente, pero se estima que supera los 150 millones.

El representante sindical advierte que es posible que haya complicidad de funcionarios del IEEPO, por el uso de la documentación y la autorización para realizar los descuentos  vía nómina. Es por ello, dice, que han solicitado a la institución  revisar este tema.

“Como parte patronal,  debe velar el salario de los compañeros y no permitir entregarlo”, advierte.

También reclama que pese a que se han presentado denuncias ante la Fiscalía, hasta el momento no se ha judicializado ninguna de ellas. En tanto que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) se declara “incapaz” para resolver estos casos por tratarse de un asunto penal.