Oaxaca de Juárez.— La
Suprema Corte de Justicia de la Nación (
SCJN) invalidó disposiciones de las
leyes de ingresos para el ejercicio fiscal de 2024 de
10 municipios de Oaxaca en los que preveían cobros desproporcionados y que dejaban un amplio margen de discrecionalidad a las autoridades responsables.
En los ayuntamientos de Salina Cruz, San Lorenzo Albarradas, Coatecas Altas, Tanetze de Zaragoza, Silacayoápam y Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, declaró inconstitucionales los cobros por la expedición de documentos en copias y certificaciones, no relacionados con el derecho de acceso a la información pública.
“Las disposiciones eran desproporcionadas, pues no guardaban una relación razonable entre el costo de los materiales y las cuotas establecidas, además de que la certificación de documentos no genera un costo adicional para los municipios”, resolvió.
En los municipios de Ocotlán de Morelos, Salina Cruz, Zimatlán de Álvarez, Acatlán de Pérez Figueroa, Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz y Tanetze de Zaragoza, Distrito de Villa Alta, invalidó las infracciones por escándalo en la vía pública o generar molestia; acciones u omisiones que favorezcan el ocultamiento o la acechanza de vagos y malvivientes o impidan el libre tránsito; y faltas de respeto, agresiones verbales o injurias.
La SCJN determinó que la redacción de las disposiciones dejaba un amplio margen a las autoridades para determinar de manera discrecional y subjetiva qué tipo de conductas darían lugar a las multas, lo que no generaba seguridad jurídica para los gobernados.
Al tratarse de disposiciones generales de vigencia anual, la Corte exhortó al Congreso del Estado de Oaxaca para que, en lo futuro, se abstenga de incurrir en los mismos vicios de inconstitucionalidad.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que demanda la invalidez de diversas disposiciones de leyes de Ingresos de Municipios del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2024.
