Oaxaca de Juárez.— Tras más de 12 años de permanecer tomados por
comerciantes de organizaciones sociales quienes exigían justicia para demandas sociales como el desplazamiento interno de
familias triquis, este
2 de diciembre fueron recuperados los portales de la planta baja del
Palacio de Gobierno así como el zócalo de la ciudad de Oaxaca.
De acuerdo al gobierno estatal, se trató de una acción coordinada con el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, ambos de Morena, con la cual se busca “garantizar el derecho al libre tránsito de todas las personas”.
Las autoridades aseguraron que el desalojo se llevó a cabo de manera pacífica, “después de haber agotado las instancias de diálogo”, en las que se invitó al comercio irregular a retirarse de este espacio público, ofreciéndoles alternativas de reubicación para la comercialización de sus productos. Además, aseguraron, luego de ofrecerles “atender y canalizar de manera efectiva las exigencias que originaron su llegada a este espacio y su permanencia”.
Tanto el gobierno estatal, encabezado desde ayer por Salomón Jara Cruz, como el ayuntamiento capitalino con Francisco Martínez Neri al frente, afirmaron que los elementos policiales estuvieron desarmados y no hubo necesidad de usar la fuerza pública.
"Es importante resaltar que los cuerpos de seguridad pública que intervinieron no portaban ningún tipo de armas, de lo cual se dio fe pública", destacaron.
También informaron que en las acciones intervinieron los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal en coordinación de los órganos autónomos como lo son la Fiscalía General del Estado (FGEO), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y el Sistema Estatal DIF.
Reiteraron que “se privilegió el diálogo, se garantizó el respeto de los derechos humanos y salvaguardó la integridad de las personas que ocupaban el espacio público, cumpliéndose los protocolos para la protección en especial de la niñez, mujeres y adultos mayores”.
Pese a dichas afirmaciones, el grupo de familias desplazadas originarias de la nación triqui y que que vendían textiles a las afueras del palacio de gobierno desde hace 12 años, cuando huyeron de San Juan Copala tras agresiones de un grupo paramilitar, acusaron que personas encapuchadas robaron su mercancía, producto de años de trabajo.
Encabezados por su dirigente Reyna Martínez, los desplazados triquis señalaron que el desalojo sucedió de manera violenta por inspectores, un representante del secretario general de Gobierno, Jesús Romero López y un grupo de “cholos”, a quienes acusó de robar su mercancía.
"Todos estos años hemos estado aquí porque el gobierno nunca ha dado solución al tema de desplazamiento en la zona triqui", declaró y agregó que esos puestos que permanecieron 12 años en el lugar, constituyen su única fuente de ingresos, tras haber perdido su patrimonio.
