Las autoridades aseguraron que el desalojo se llevó a cabo de manera pacífica, “después de haber agotado las instancias de diálogo”, en las que se invitó al comercio irregular a retirarse de este espacio público, ofreciéndoles alternativas de reubicación para la comercialización de sus productos. Además, aseguraron, luego de ofrecerles “atender y canalizar de manera efectiva las exigencias que originaron su llegada a este espacio y su permanencia”.
"Es importante resaltar que los cuerpos de seguridad pública que intervinieron no portaban ningún tipo de armas, de lo cual se dio fe pública", destacaron.
Reiteraron que “se privilegió el diálogo, se garantizó el respeto de los derechos humanos y salvaguardó la integridad de las personas que ocupaban el espacio público, cumpliéndose los protocolos para la protección en especial de la niñez, mujeres y adultos mayores”.
Encabezados por su dirigente Reyna Martínez, los desplazados triquis señalaron que el desalojo sucedió de manera violenta por inspectores, un representante del secretario general de Gobierno, Jesús Romero López y un grupo de “cholos”, a quienes acusó de robar su mercancía.
"Todos estos años hemos estado aquí porque el gobierno nunca ha dado solución al tema de desplazamiento en la zona triqui", declaró y agregó que esos puestos que permanecieron 12 años en el lugar, constituyen su única fuente de ingresos, tras haber perdido su patrimonio.
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