Tras 9 años sin sentencia, liberan en Oaxaca a 2 mazatecos considerados presos políticos

Oaxaca de Juárez.–  Tras nueve años en prisión sin recibir sentencia, dos indígenas mazatecos originarios de Eloxochitlán de Flores Magón, considerados como presos políticos, obtuvieron el cambio de medida cautelar que los mantenía en prisión preventiva, por lo que podrán seguir su proceso en libertad. 

Se trata de Herminio Bonfil y Jaime Betanzos, quienes tras una audiencia en el Juzgado de Huautla de Jiménez salieron en libertad luego de permanecer en prisión desde 2014 sin haber sido sentenciados. Ambas personas, junto con otros hombres más, fueron acusados del asesinato de Manuel Zepeda Lagunas y Gustavo Estrada Andrade, así como de lesiones a Elisa Zepeda Lagunas, actual titular de la Secretaría de la Mujer del gobierno de Oaxaca y su madre, delitos que por años han sido señalados como “fabricados” por las familias de los presos. 

El cambio de medida cautelar fue aprobado este 28 de septiembre por el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez; no obstante, el proceso continúa. Fernando Gavito, Alfredo Bolaños y Francisco Durán siguen en prisión.

La organización Mujeres Mazatecas por la Libertad, que aglutina a las familias de los presos, informó que Herminio Bonfil fue puesto en libertad la noche de ayer mientras que Jaime Betanzos salió del penal de Etla, donde se encontraba recluido, la tarde de este viernes. 

“Esta tarde el profesor Jaime Betanzos, acompañado de su hija Sara, maestras de la Seccion 22 y la Base Oaxaca, traspasó los muros de la prisión. Salud y vida para él, para Herminio Monfil y para cada compañera, compañero que ofrendó su tiempo, su vida, sus rezos, oraciones, pensamientos, alegrías, llantos, talentos, habilidades, fuego… Esta es su lucha”, informaron. 

Las Mujeres Mazatecas también dieron a conocer que la lucha continuará hasta que salgan en libertad el resto de presos políticos, reconocidos como tal en un programa impulsado desde la Federación para revisar los casos de presos políticos, por lo cual obtuvieron en 2022 el derecho a ser representados por el Instituto de la Defensoría Pública; también exigieron que cese la persecución política y denunciaron el desplazamiento forzado de al menos 13 personas. 

“Nos faltan Alfredo, Fernando, Marcelino, Francisco y Paúl. Nos falta el alto a la persecución de Miguel Peralta y compañeros en persecución política”, agregaron. 

De acuerdo con la organización, Jaime Betanzos aún debe exigir al Juzgado de Huautla que informe sobre dos asuntos que le fabricaron desde los años 2011 y 2012, durante el periodo de Manuel Zepeda como presidente municipal de Eloxochitlán. “Ambos asuntos están bajo fianza, por tratarse de acusaciones no graves. Las fianzas se volvieron a depositar desde el 1 de marzo de 2019, y siguen vigentes”. 

Las integrantes explicaron que estos asuntos constituyeron prueba de la “fabricación de delitos como práctica sistémica” contra el profesor Jaime Betanzos y sus compañeros y compañeras, indígenas mazatecas de Eloxochitlán, durante la detección de presos políticos en el año 2018 dentro del programa del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador.

 “Antes de su aprisionamiento de 2014, Jaime promovió activamente su defensa en ambos casos, pero sus acusadores, que son los mismos que le acusaron en 2014, nunca se presentaron al Juzgado. Por esa razón no se han cerrado”, argumentaron.

En respuesta a la liberación de los mazatecos, Elisa Zepeda Lagunas, secretaria de la Mujer de Oaxaca, rechazó el cambio de medida cautelar y exigió justicia para ella y su madre, pues aseguró que son sobrevivientes de un intento de feminicidio. 

“Con profundo dolor y preocupación lamento la decisión tomada por el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, quien el día de hoy, 28 de septiembre, resolvió cambiar las medidas cautelares y conceder la modificación a favor de Jaime Betanzos Fuentes y a Herminio Bonfil Avendaño, responsables de los ataques en los que le arrebataron la vida a mi hermano Manuel Zepeda y nos dieron por muertas a mi madre y a mí, en diciembre de 2014, durante una asamblea comunitaria en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca”. 

Aseguró que con esta decisión  las autoridades responsables de impartir justicia “se doblegan” ante sus agresores y añadió que aunque se han presentado pruebas de la forma en la que ellos han buscado entorpecer el proceso jurídico, sus derechos “fueron negados una vez más”. 

“Otra vez las instituciones enmudecen frente a los gritos de justicia y de exigencia de conocimiento de la verdad para quienes somos sobrevivientes de feminicidio. Es urgente resaltar que la determinación a favor de los agresores no solo constituye un desafío a la justicia, sino que también envía un peligroso mensaje a la sociedad en general, normalizando la impunidad y la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres”. 

La funcionaria explicó que esta situación pone de manifiesto “la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos legales que resguardan a las víctimas de violencia de género, así como de garantizar la aplicación de medidas cautelares efectivas que protejan la vida de quienes hemos sobrevivido a estos delitos y nos hemos atrevido a denunciar”. 

Por ello hizo un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y a la comunidad en general a permanecer vigilantes de este proceso, y “acompañar nuestra exigencia de justicia y seguridad para las víctimas que nos encontramos ante el peligro de nuestros agresores y que hoy, una vez más, tememos por nuestras vidas”.