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“Asumo mi responsabilidad en gestiones que se hicieron en mi oficina, pero en esas cosas (recibo de pagos de entre mil 500 y 6 mil pesos por trámites de regularización sin validez) donde yo no asistí, donde yo no estuve y tampoco hay constancia no, quiero estar involucrada”, expuso la exfuncionaria.
La extitular de Coreturo indicó que se encuentra en la disposición de presentar los informes con los que cuenta para probar que no ha tenido nada que ver con este proceso de fraude denunciado en protestas ciudadanas y por organizaciones sociales, que este medio documentó el 12 de febrero pasado.
“Tengo información que existe en camino un proceso de desalojo en estas viviendas que han sido ocupadas irregularmente pero yo no tengo nada que ver en eso, con esto que se desató. Tengo derecho a defenderme, yo tengo documentos de lo que yo gestione durante mi estancia como funcionaria y está en el sistema”, señaló Saldaña Rojo.
Expuso que en su oficina como delegada de Coreturo solo pasó documentación e información, pero que ella nunca firmó ninguno de los documentos. “Ni siquiera tuve sello en la oficina, yo entregué gestiones pero jamás hice todo esto que esta saliendo a la luz ahora, un delegado en las regiones no tiene acceso a esa información, en todo caso esos temas son de más arriba”, precisó.
Al respecto, Rosa Isela Saldaña comentó: “el conflicto que está en estos momentos presente en la colonia Catarino Torres Pereda y todo ese polígono que incluye la colonia 18 de Octubre nunca estuvo en mis manos, también me quiero deslindar del problema de Residencial del Sur, y para hacerlo tengo los registros que llevé mes con mes durante el tiempo que estuve al frente de la dependencia en Tuxtepec”, prosiguió la exfuncionaria.
Por ello serían al menos 130 familias que estarían perdiendo certeza jurídica sobre sus viviendas, casi todos originarios de municipios aledaños afincados en Tuxtepec desde hace varios años como Ojitlán, Soyaltepec, Jalapa de Díaz, Loma Bonita, Ayotzintepec y Santiago Jocotepec.
