Los 91 comuneros socios de la Ruta Coatlanes-Costa, originarios de siete comunidades cruzadas por la carretera, mismas que fueron expropiadas por el gobierno federal a cambio de un monto económico y la promesa de millones de pesos en obras pública, argumentaban que eran los único con acuerdos con las autoridades para circular por la autopista Oaxaca – Puerto Escondido y que defenderían y exigirían “su derecho único y exclusivo”.
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Ante ello el gobierno federal informó que llevó acabo una mesa de diálogo con representantes de empresas transportistas, autoridades y pobladores de comunidades de Los Coatlanes, misma que fue encabezada por delegado de la Segob, José Carlos Fuentes Ordaz, y que dio como resultado el alcance de acuerdos entre las partes.
Como resultado de dicha mesa, detalló, a partir desde este miércoles 7 de febrero, las diferentes empresas de transporte podrán brindar el servicio a la región de la Costa.
El funcionario federal señaló que esta obra “detonará el desarrollo económico y social de la región de la Costa, y permitirá mayor conectividad de los pobladores de las comunidades de esa región y de la Sierra Sur para sus distintas actividades”.
Según el gobierno estatal, fue gracias a diversas reuniones con las empresas que brindan transporte de Oaxaca a Puerto Escondido que se lograron los acuerdos “para que se mantenga un clima de paz y libre tránsito en la autopista Barranca Larga-Ventanilla”.
Las autoridades estatales informaron que “se medió entre las partes para construir acuerdos de beneficio para el sector transporte y las comunidades” y “se encaminaron lo acuerdos para que se privilegie el libre tránsito de la ciudadanía, la estabilidad social y la paz pública”.
También informó que tras el diálogo sostenido se acordó que continuará la mesa de trabajo al tiempo que las empresas asistentes brindarán el servicio, en respeto a las disposiciones establecidas por la SICT, de manera que “se garantice un servicio seguro y eficiente a la ciudadanía”.
Y que las autoridades estatales se coordinarán con la Policía Vial Estatal y con la Guardia Nacional para que les permitan a las empresas el libre tránsito por la zona de la autopista.