De la misma manera se violentaron los derechos a la igualdad entre hombres y mujeres, y el debido proceso, resolvió el organismo autónomo, por lo que decidió emitir una recomendación sobre el caso.
Mientras que en el caso de las y los estudiantes involucrados, se les garantice el restablecimiento de sus derechos dentro de la comunidad universitaria y se les conceda la reparación integral del daño, lo cual constituye un elemento fundamental para crear conciencia del principio de responsabilidad de la autoridad implicada y para enfrentar la impunidad.
En su recomendación pidió su inscripción al Registro Estatal de Víctimas, a fin de que puedan tener acceso a los recursos del Fondo Estatal y a la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la mencionada Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca.
Y que se reinicien los procedimientos administrativos de responsabilidad instruidos contra J.G.V.C y S.F.A.E, de manera diligente, con enfoque diferencial y especializado y se apliquen las sanciones respectivas.
Así como iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de las y los servidores públicos que con su omisión consintieron y/o toleraron la violación a los derechos humanos de estudiantes y que se realice un acto de reconocimiento y disculpa pública.
Como medida de no repetición, el organismo sostuvo la urgencia de elaborar un protocolo de actuación para prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de hostigamiento y acoso sexual al interior de la Universidad.
Lo anterior, bajo las perspectivas de género, derechos humanos e interculturalidad, en el que además de establecer el procedimiento a seguir para la investigación de los hechos e imponer las sanciones respectivas, también se disponga lo relativo a las medidas de protección a favor de las víctimas, entre otras recomendaciones dirigidas a la Unistmo.