Urgen medidas cautelares para Marcelino Miramón, Indígena mazateco de Oaxaca y preso político
Se trata de uno de los pobladores de Eloxochitlán de Flores Magón quien es acusado de participar en actos de violencia contra la secretaria de las Mujeres de Oaxaca; familia acusa que crimen fue fabricado y ya prescribió
Oaxaca de Juárez.– En un comunicado, quienes se nombran presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, informaron que urgen medidas cautelares para proteger el derecho a la libertad del preso mazateco Marcelino Miramón.
El escrito fue dirigido al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como organismos de derechos humanos locales, nacionales e internacionales, y a instituciones judiciales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Estas medidas cautelares, explicaron, se solicitan porque existe la posibilidad de que se prolongue la prisión para Marcelino Miramón, quien lleva 241 días en la cárcel.
“El caso de Marcelino debe ser examinado por Cortes Internacionales de manera urgente y se le deben dictar medidas cautelares ante la posibilidad de que, desde el Estado, la parte acusadora (la actual secretaria de las Mujeres, Elisa Zepeda Lagunas), use el poder para prolongar la prisión de Marcelino Miramón”.
En el escrito, sostuvieron que el delito del que se le acusa a Marcelino Miramón (daños por incendio) se declaró inexistente y/o prescrito. Ningún juez, aseguraron, “en su sano juicio, se atrevería a retener en la cárcel a una persona en esas condiciones”.
“Pero a Marcelino sí; porque no es justicia lo que dan a Marcelino ¡es castigo! por contar con representación comunitaria, por atreverse a participar en la comunidad, por ser indígena. Es tortura, como un trato ejemplar, a fin de que nadie en Eloxochitlán se atreva a defender sus derechos individuales o colectivos”.
También compartieron un video en el que los hijos de Marcelino Miramón relatan que tuvieron que dejar la escuela, tras el arresto y prisión preventiva dictada a su padre, para poder sacar la familia adelante y cubrir los gastos que genera la prisión.
