Víctimas de conflicto de 2006 exigen al gobierno de Oaxaca acatar fallo e investigar a funcionarios
En esa sentencia de amparo se ordenó al gobierno de Oaxaca inicie los procesos de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos que incurrieron en los delitos de detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, entre otros
Oaxaca de Juárez.— Integrantes de la Asamblea Permanente de Víctimas, Sobrevivientes y Expresos Políticos 2006-2007 clausuraron de forma simbólica los Juzgados y Tribunales del Décimo Tercer Circuito del Poder Judicial Federal ubicados en la ciudad de Oaxaca.
La protesta fue para exigir a este tribunal colegiado que ordene al gobernador Alejandro Murat Hinojosa que acate la sentencia de amparo a favor de las víctimas y que ganaron hace un año y tres meses.
En esa sentencia de amparo se ordenó al gobierno de Oaxaca que, a través de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, inicie los procesos de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos que incurrieron en los delitos de detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, retención de personas, encarcelamientos, violaciones al debido proceso y a los derechos humanos, principalmente.
Estos hechos se registraron el 25 de noviembre de 2006 en el contexto del conflicto político y social de los años 2006 y 2007 resultado del movimiento magisterial de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y al que se sumaron decenas de organizaciones no gubernamentales, durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz. A 16 años de distancia, además, sigue sin repararse el daño a todas las víctimas de la represión del Estado.
Los servidores públicos que deben ser investigados y sancionados por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental son aquellos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y hoy Fiscalía General de Oaxaca, así como los cuerpos policíacos que participaron en las detenciones arbitrarias de ese año, explicó Isaac Torres Carmona, dirigente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
Torres Carmona agregó que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa se ha negado a dar cumplimiento a la sentencia de amparo que ganaron hace un año y que meses, con el objetivo de sancionar a los funcionarios responsables como parte de la reparación integral de las víctimas.
Ante esta negativa, dijo, tuvieron que interponer un nuevo amparo de revisión para exigir al Poder Judicial de la Federación que obligue a Alejandro Murat a cumplir con la sentencia; este recurso aún está pendiente de resolución en el tribunal colegiado del Décimo Tercer Circuito.
Torres Carmona responsabilizó al aún mandatario de Oaxaca de cualquier agresión en contra de los integrantes de la Asamblea Permanente de Víctimas, Sobrevivientes y Expresos Políticos 2006-2007, y al Poder Judicial Federal advirtió que en caso de no resolver de manera pronta el amparo en revisión, tomarán “medidas más estrictas si el tribunal no garantiza la constitucionalidad del país”.
