La propuesta establece como delito la conducta de los miembros de las corporaciones de seguridad pública, que con o sin el consentimiento de autoridades del Estado, priven de la vida a una o más personas.
Además, propone castigos que van de 50 a 70 años de prisión, y la cual debe aumentarse en caso de que la comisión de este delito obedezca a motivaciones políticas, por un patrón de índole institucional o cuando se comenta con el uso excesivo de la fuerza pública.
Y mencionó que el espíritu de esta iniciativa ciudadana radica en que en los hechos de Nochixtlán las policías que participaron en el operativo privaron de la vida a seis personas civiles, y que por la forma en que ocurrieron esos hechos deberían ser catalogados como ejecuciones extrajudiciales; sin embargo en Oaxaca y en el país no está tipificado ese delito, porque únicamente existe el delito de homicidio, con sus respectivas agravantes de acuerdo a las circunstancias en que se comete el hecho.
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