Violencia contra periodistas debe atenderse revalorizando su papel en la sociedad: defensor de Oaxaca
El ombudsman oaxaqueño detalló que de 2015 y hasta marzo de 2022, la DDHPO ha iniciado casi 300 expedientes por agresiones contra personas comunicadoras
Oaxaca de Juárez.- Bernardo Rodríguez Alamilla, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) aseguró que existe la necesidad de atender de forma estructural las agresiones y violencia que se ejerce en contra de las y los periodistas.
Lo anterior lo expresó como parte de su participación en el Conversatorio “Participación de los organismos defensores de derechos humanos en la protección de la libertad de expresión a través del Mecanismo”, en el marco del LV Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) “Libertad de expresión y protección a periodistas, análisis desde el Sistema No Jurisdiccional”.
El ombudsman oaxaqueño detalló que de 2015 y hasta marzo de 2022, la DDHPO ha iniciado casi 300 expedientes por agresiones contra personas comunicadoras, lo que refleja el clima hostil en la que realizan su labor.
Rodríguez Alamilla indicó que en Oaxaca, de acuerdo con la organización Artículo 19, del año 2000 a la fecha, se han documentado 15 homicidios de periodistas; mientras que la entidad se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional en número de personas periodistas y defensores incorporadas al Mecanismo Federal de Protección de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Ante ese panorama, dijo que para garantizar la protección de las y los periodistas existen desafíos como “generar una cultura sobre el papel que juegan las personas periodistas dentro de la sociedad, identificar los cacicazgos y la presencia del crimen organizado; además de la generación de protocolos de atención a periodistas; el fortalecimiento del marco legal e institucional, capacidades presupuestales, técnicas y operativas consistentes en generar certeza a la labor periodística cuando está en riesgo”.
Además reiteró la importancia de establecer políticas públicas adecuadas que permitan atender todos los factores que influyen en las agresiones contra las y los periodistas, como aquellas que se derivan de su propia profesión, pero también la desprotección laboral e institucional, así como la criminalización y estigmatización de su trabajo.
Y, enfatizó que es fundamental generar el acompañamiento a las y los periodistas en riesgo, así como reuniones periódicas y posicionar el tema en la agenda pública.
La LV Asamblea General Ordinaria de la FMOPDH se realiza en el estado de Durango y asisten representantes de los 32 de los Organismos Públicos de Derechos Humanos para analizar temas en materia de derechos humanos.
El oaxaqueño estuvo acompañado en el conservatorio por la presidenta de la FMOPDH, Nashieli Ramírez; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez y la directora del Protección de Personas Defensoras y Periodistas, Cecilia Real.
Durante su participación, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz señaló que es obligación del Estado generar políticas públicas en la materia y resaltó que en dicha entidad se cuenta con una institución específica para la atención de personas periodistas, la Comisión Estatal de Protección a Periodistas del estado de Veracruz.
Asimismo, indicó que, en los últimos dos años la Comisión de Veracruz ha iniciado 11 quejas que involucran derechos humanos de las y los periodistas en el ejercicio de la libertad de expresión.
Por su parte, la presidenta de la FMOPDH, Nashieli Ramírez, indicó que, en el caso de la Ciudad de México, la actuación de la Comisión a su cargo tiene que ver con el reconocimiento de las y los periodistas como un grupo de atención prioritaria.
Y aunque destacó que en la Ciudad de México no se registran altos niveles de agresión contra periodistas, como en Oaxaca o en Veracruz, sí se tienen en esta entidad federativa, personas periodistas en condición de desplazamiento.
Los ponentes coincidieron en que es fundamental la articulación, así como el contacto inmediato con las y los periodistas en cuanto son víctimas de agresiones, la generación de políticas públicas adecuadas, el acompañamiento, además de establecer protocolos homologados de actuación.
