Se trata de una fenómeno que va en aumento pues de 2020 a la fecha la cifra de personas desplazados ha aumentado hasta las 380 mil personas, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), mismas que tienen que arrancarse de su hogar por la violencia, lo que evidencia la magnitud de una problemática social que México reconoció legalmente desde 2019 pero que pese a ello a cuatro años no ha atendido y para muestra esta la falta de cifras oficiales al respecto. En comparación, hasta hace tres años se estimaba que existían poco más 356 mil desplazados.
Datos de la Comisión señalan que entre enero y junio del 2023 se registraron 26 eventos de desplazamiento interno por violencia en México, mismos que ocurrieron en Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Zacatecas.
Como resultado de ello sólo en el primer semestre del 2023 hubo al menos a 7 mil 710 personas víctimas de este fenómeno y en promedio se registró un evento de desplazamiento por semana y 43 personas desplazadas al día, de acuerdo al registro de la Comisión.
Todas ellas viven sin acceso a la salud, ni a la educación. Tampoco cuentan con tierras para cultivar su alimento y menos con una vivienda digna. Actualmente, donde se refugian, habitan más de dos familias en cada casa prestada.
“El Programa Nacional de Derechos Humanos habla de que el desplazamiento interno es una de las manifestaciones de la crisis de derechos humanos que se vive en México, entonces hay un reconocimiento ya desde el Estado de que hay una crisis y que el desplazamiento interno es una manifestación. Además, los argumentos de la Corte de Interamericana nos dicen que el desplazamiento interno es una violación continua de estos derechos”, expone.
La OIM coincide en el incremento de la movilidad de personas desplazadas, principalmente hacía el norte de México y expone que la violencia generalizada es la causa principal por la que las personas se desplazan, esto, tras una encuesta realizada en albergues de 12 ciudades de seis estados de la frontera norte de México.
Dicha encuesta arrojó que 91% de refugio consultados reportaron haber tenido que abandonar sus hogares debido a un contexto de violencia generalizada en sus comunidades de origen. Los resultados forman parte del estudio “Desplazamiento interno, migración y retorno en la frontera norte de México. Una perspectiva desde 12 ciudades”, realizada entre octubre y diciembre del 2022 y publicado este año.
Los hallazgos también indican que recientemente los estados del Sur como Oaxaca, Chiapas y Guerrero son de los que más personas se desplazan hacia el norte a causa de la violencia, los cuales se suman a Michoacán que sigue siendo el principal expulsor de estos flujos que van hacia el norte, indica Pablo Cabada.
El común denominador en los casos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán quedó a la vista este año. En las cuatro entidades tanto autoridades como pobladores han reconocido que los episodios de desplazamiento se vinculan a otros fenómenos como la presencia del crimen organizado, que este 2023 obligó a decenas de familias de Chiapas a huir y que mantiene una serie de ataques en Michoacán y Guerrero.
“Es muy importante poner la mirada este problema porque nos dice mucho de los flujos de violencia que hay en el país; entender cuáles son las comunidades, los estados, las regiones económicas e incluso quiénes están sufriendo este fenómeno, pues nos habla de la violencia del crimen organizado, nos habla de sus estrategias, de la apropiación del territorio, pero también nos habla de la incapacidad en muchos sentidos de prevenir por parte de los estados, el hecho de que siempre tengamos comunidades que año con año reportan desplazamientos, habla de un de una incapacidad de hacer frente de manera eficiente este fenómeno”, expone Daniel Márquez.
Durante episodios de desplazamiento interno las personas buscan una estrategia de protección a su seguridad personal, a su bienestar y a su vida. Se diferencia de la migración en tanto esta representa una estrategia para buscar otras oportunidades económicas en otros espacios.
Laura Alvarado, oficial de desplazamiento interno de la CMDPDH, señala que aparte de reconocer que hay personas en situación de desplazamiento y que estos se siguen generando de día con día, el Estado debe garantizar que haya una adecuada respuesta a este fenómeno tanto en términos de la prevención como en atención y reparación, además de la búsqueda de soluciones durables.
“No sólo es visibilizar el fenómeno, es pasar también a exigir que haya más acciones concretas de parte del Estado de los distintos niveles de gobierno; es una afectación muy profunda al proyecto de vida de cualquier persona”.
Daniel Márquez añade que el desplazamiento significa un cambio de proyectos de vida individual, familiar, colectivo hasta llegar a una ruptura del tejido social de los pueblos indígenas, lo cual es muy difícil de reparar.