Más del 70 por ciento de los jóvenes del estado de Oaxaca enfrentan condiciones de violencia, precariedad económica, dificultades de acceso a la salud, discriminación y falta de oportunidades, según un diagnóstico elaborado por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.
El estudio se basó en consultas realizadas a personas entre los 18 y 29 años de edad en 57 municipios del estado.
Entre los resultados, destaca que el 79.1% de los jóvenes encuestados reportó haber vivido algún tipo de violencia y el 60.4% señaló que la violencia psicológica o emocional es la más frecuente. Mientras que el ámbito familiar fue identificado como el espacio donde mayoritariamente ocurren estas agresiones, seguido por los espacios escolares y digitales.
Además, el 71.6% considera que la violencia afecta directamente su salud mental y el 87.3% percibe que esta problemática se encuentra normalizada en la sociedad. “La ansiedad, el estrés, la depresión y la baja autoestima aparecen como respuestas frecuentes ante los contextos que enfrentan”, detalla el diagnóstico.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, el 47% desconoce dónde obtener atención especializada, métodos anticonceptivos o servicios gratuitos de salud sexual.
Seis de cada diez jóvenes no se sienten seguras al desplazarse por los espacios que transitan diariamente.
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Las mujeres jóvenes y las personas con discapacidad enfrentan barreras adicionales para ejercer su derecho a una movilidad libre y segura, como acoso sexual en el transporte público, falta de infraestructura accesible para personas con discapacidad, ausencia de alumbrado público en calles y caminos, mal estado de banquetas y vialidades, así como la insuficiente cobertura y frecuencia del transporte en comunidades rurales y periféricas.
Los jóvenes también reportaron impactos directos relacionados con la escasez de agua, las temperaturas extremas, las sequías, las inundaciones y el deterioro ambiental. Y el 98% de las juventudes considera insuficiente la respuesta gubernamental frente a esta problemática y percibe que las comunidades rurales e indígenas son quienes enfrentan las consecuencias más severas.
En la encuesta, señalaron que entre los retos más urgentes se encuentran la falta de empleos dignos, la precariedad laboral, los bajos salarios, el uso político de los programas gubernamentales de apoyo, la dificultad para acceder a vivienda, la discriminación, la violencia de género, la exclusión de personas con discapacidad, la falta de acceso a la educación y la incertidumbre respecto a su futuro.