Sociedad | 12-04-22 | 20:04 | Actualizada | 13-04-22 | 03:04 |
Oaxaca de Juárez.- La primera vez que Joaquín Galván alzó la voz contra lo que consideraba una injusticia fue ante unas mil personas, en la asamblea comunitaria de San Pedro y San Pablo Ayutla, una comunidad ayuujk de la Sierra Norte de Oaxaca, de donde es originario.

Entonces, recuerda, era 2014, tenía 16 años y no entendía lo que significaba la palabra activismo. En aquella ocasión, Joaquín se sumó a la lucha de sus paisanos en contra del gobierno federal y autoridades municipales que pretendían despojarlos de sus tierras, pues por ahí pasaría la carretera que va al Istmo de Tehuantepec. Tras la resistencia, el gobierno cedió e indemnizó a los dueños. 

A partir de entonces, este joven egresado de la licenciatura de Derecho, que por años rechazó que se le nombrara como activista, ha seguido un camino en donde la confrontación contra el poder, en sus distintas manifestaciones, se ha convertido en la única forma de mitigar las consecuencias de la violencia estructural que oprime a sectores como los pueblos indígenas, las mujeres o los integrantes de la diversidad sexual.

Dicha ruta, por ejemplo, lo llevó a ser una de las voces más visibles en la lucha de Ayutla contra el despojo de sus tierras y su manantial, que sumió a la comunidad en una era de la sed que aún no termina para unas 3 mil personas de la cabecera.

Fue precisamente esa exposición, explica, lo que poco a poco hizo que llegaran a él personas solicitando su ayuda y acompañamiento en casos cada vez más complejos, como desapariciones forzadas, feminicidios y asesinatos. Y fue entonces también, reconoce, cuando  entendió y aceptó  lo que significaba ser un activista.

“Desde aquella primera lucha me dije: ‘Si algún día tengo herramientas para facilitar y hacer más humanos los proceso de lucha contra injusticias, lo voy a  hacer’ (...) Ya lo acepté [ser activista] en la medida que eso potencializa el poder de denuncia, esa es la ruta que he tomado”.

A tres años de distancia, Joaquín Galván calcula que ha acompañado a unos 29 casos que considera “de alto impacto”, aunque señala que cada uno es distinto y se debe abordar de forma concreta, en función de la estructura de poder a la que es necesario confrontar. 

“Lo más satisfactorio es que  gente  se acerque con sus casos y yo pueda, con apoyo de muchísima gente y de forma gratuita y humana, comenzar procesos de acompañamiento”, afirma.                                       

Pero la ruta que ha tomado este joven ayuujk es compleja, pues señala que así como crece la visibilización de las historias, también lo hace el riesgo, que en su caso lo mantienen en este momento bajo la protección del gobierno de Oaxaca y en un proceso para integrarse al Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Lo anterior porque en estos años de activismo, Joaquín se ha enfrentado directamente, entre otros, al gobierno estatal, a una banda de secuestradores y una red de tráfico de migrantes,  tras el asesinato de tres jóvenes ayuujk en Estado Unidos. 

Fue precisamente en este último caso en el que la seguridad y la integridad de Joaquín se vio comprometida, pues la cédula criminal que está detrás del homicidio de los jóvenes opera en la región mixe y ha encendido, incluso, las alertas de las autoridades estatales, quienes decidieron otorgarle escoltas a Joaquín, mientras se concreta su ingreso al mecanismo de Segob. 

“Nunca sabes con qué situación te vas a encontrar. Es lo que sucedió en este caso, resultó ser demasiado inmediato a mi zona y  mis espacios”, reconoce.

Joaquín sabe que el riesgo al que se enfrenta es real y que se palpa en cifras duras, pues en 2021, siete activistas fueron ejecutados extrajudicialmente en Oaxaca, ubicándolo  como el estado con mayor número de defensores asesinados, según un informe del Comité Cerezo.

Además, datos de la Segob indican que Oaxaca se ubica como la  entidad con mayor número de  defensores de derechos humanos incorporados al mecanismo de protección, con 126, y la segunda a nivel global, con 147 en total, al sumar a 21 periodistas en riesgo.

El problema, detalla Joaquín, es que ingresar al mecanismo es un proceso extenuante, donde se mide el nivel del riesgo sin contextualizar la realidad. 

“Lo que busca el mecanismo no es protegerte, es encontrar cómo excluirte. Me ofrecen un botón de pánico en una zona donde no hay una autoridad  armada. Y en lo que te resuelven pueden pasar mil cosas”, advierte.

Al respecto, José Carlos Fuentes, delegado de la Segob en Oaxaca, acepta que en la entidad medidas como un botón de pánico no son eficaces, pues hay lugares donde una  patrulla estatal o de la Guardia Nacional  están a tres horas de distancia. 

Es por ello, afirma, que se necesita de un análisis de riesgo, pues en algunos casos se van a requerir “medidas profundas y de mayor alcance”. 

No obstante, reconoce que actualmente el mecanismo enfrenta retos para funcionar de forma efectiva e inmediata.

“Yo no pedí ser activista, una situación me llevó a otra, pero sí te tienes que detener a pensar si vale la pena, sobre todo cuando toca a tu círculo cercano”, finaliza Joaquín.

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