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Su cuerpo aún no se acostumbra a ponerse de pie con una sola extremidad. Desde que sufrió el accidente, el 18 de marzo pasado, su vida cambió completamente.
“Ahora me parece injusto que me quiera cobrar 58 mil pesos por los daños al vehículo con el que me atropelló, pero me parece más injusto que los que deben de velar por las víctimas, como es el Ministerio Público, la fiscalía, estén de parte del responsable, complicando mi situación y colocándome como responsable”, dice Susana en el patio de su casa.
Susana interpuso ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) con sede en Ciudad Ixtepec, una queja por omisiones en contra del Ministerio Público, así como de elementos de la policía municipal y de tránsito de Ciudad Ixtepec.
En la denuncia, expuso que el 18 de marzo pasado fue atropellada cuando se dirigía a su casa en motoneta, sobre la carretera de Ixtepec a Tlacotepec, por Víctor Andrés Mallard López, quien manejaba una camioneta Toyota Hulux, propiedad de la empresa Conservation International México.
Tendida en la carretera, nadie se atrevió a levantarla por la gravedad de las heridas, hasta que llegó su hermano Jaimit Carrasquedo, quien pidió auxilio. Según la denuncia, ante pregunta expresa del hermano de la víctima, el policía vial identificado como Bulmaro Torres explicó en el lugar de los hechos la razón por la que no detuvo a Mallard López:
“Dijo que no habría detenido porque hubo corte de tránsito, por lo tanto no había responsable. Durante el tiempo que estuvo consciente y estabilizada en la Clínica Sinaí, [las autoridades] no acudieron a tomarle la declaración. Asimismo, su hermano Eliseo Carrasquedo presentó su denuncia, pero cuya declaración fue hecha a modo y al no tener su dicho el responsable no se hace responsable de la reparación de los daños, ya que se ocasionó pérdida de su pierna izquierda, así como cicatrices en cara y manos”, se asentó en la queja.
Afirma que los demandados señalaron una serie de anomalías, por lo que el MP de Ciudad Ixtepec abrió una carpeta de investigación en contra de la artesana, en la que la responsabilizan del accidente, por lo que ahora debe pagar 58 mil pesos por supuestos daños a la camioneta con la que fue atropellada.
Con la ayuda de familiares y de la organización Mujeres 8 de Marzo, Susana ha costeado su tratamiento médico, que asciende a medio millón de pesos. Busca una prótesis, mientras pelea por justicia ante instancias de derechos humanos.
