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Miami.— Mientras el presidente Donald Trump alega que la operación militar en Venezuela tuvo por objetivo eliminar una amenaza a la seguridad, insistiendo en que Nicolás Maduro es un líder del narcotráfico, expertos señalan que la verdadera razón es mucho menos heroica: el petróleo venezolano.
Trump reconoció que informó a empresarios petroleros antes de lanzar la operación de captura de Maduro. En cambio, dijo que al Congreso le notificó una vez comenzada la operación en Caracas.
El mandatario alegó que no notificó antes al Legislativo por su “tendencia a filtrar” información importante. Con los ejecutivos petroleros, en cambio, no tuvo ningún temor. Aunque él no dio fecha exacta, medios estadounidenses señalan que les avisó aproximadamente un mes antes de la captura. “Prepárense”, les habría dicho.
El trato con las autoridades interinas venezolanas parece estar más que sellado. Trump anunció ayer que “las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos”. Ese combustible, explicó, “se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”. El encargado de ejecutar el plan será el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright. El crudo “se transportará en buques de almacenamiento y se llevará directamente a los muelles de descarga de EU”, indicó Trump.
Toda la presión de Trump sobre Venezuela estaba pensada en el petróleo y la urgencia del presidente de hacer negocios con él.
“Creo que el presidente [Trump] simplemente estaba aumentando la presión sobre Venezuela en previsión de las negociaciones que se avecinaban”, señaló David Goldwyn, presidente de Goldwyn Global Strategies y figura habitual en análisis energéticos.
En términos prácticos, los analistas estadounidenses coinciden en que el mecanismo más probable para que Trump y aliados privados obtengan beneficios será un paquete de incentivos legales y fiscales que permita a compañías de EU operar con garantías, junto a contratos de servicios para rehabilitar campos y refinerías. Ese modelo favorece a grandes petroleras y contratistas, pero exige cláusulas de protección frente a litigios y mecanismos de supervisión para evitar captura de rentas y corrupción.
Técnicamente, la prioridad inmediata es estabilizar pozos críticos y asegurar terminales de exportación; eso exige reestructuraciones, bombas, repuestos y personal técnico especializado que, en muchos casos, sólo pueden proveer empresas de servicios petroleros internacionales con capacidad logística para operar en entornos complejos.
Las empresas de servicios petroleros serían las primeras contratadas para reparar y reestructurar pozos, perforar y restablecer caudales; “su trabajo es la columna vertebral técnica de cualquier plan de recuperación y determina la velocidad con la que la producción puede volver a niveles operativos”, advierte a EL UNIVERSAL la economista venezolana María Díaz.
Compañías con historial operativo en Venezuela tendrían distintas vías de beneficio: Chevron podría capturar valor operativo por su experiencia y relaciones previas; Valero y refinadores similares se beneficiarían como compradores de feedstock; Halliburton, Schlumberger (SLB) y Baker Hughes aportarían servicios críticos de reestructuración y mantenimiento. Majors como ExxonMobil y ConocoPhillips podrían beneficiarse indirectamente mediante la resolución de litigios, compensaciones y la negociación de nuevas concesiones. La participación de bancos, aseguradoras y reaseguradoras es crítica para evaluar la prima de riesgo político.
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Sin embargo, Díaz advierte que aunque “la recuperación de la industria petrolera venezolana es técnicamente posible, exigirá un paquete simultáneo de garantías jurídicas, inversión masiva y supervisión internacional”.
La juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada obliga a bancos, aseguradoras y contratistas a recalibrar riesgos antes de comprometer capital significativo. “La percepción de estabilidad política es hoy la variable que más pesa en las decisiones de inversión”, señala la economista.
Por lo pronto, Trump ya ve garantizada la apertura de puertas a EU para hacer negocios petroleros. Expertos como Michael Shifter, presidente de Diálogo Americano, ha señalado que EU viene considerando flexibilizar sanciones como parte de acuerdos políticos con Venezuela, lo que implica un cálculo estratégico más amplio que la mera extracción de recursos. Falta por ver, advierte, la reacción de actores como Rusia y China, que tienen sus propios intereses en el país sudamericano.
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