Mujeres no tienen opciones contra violencia política en Oaxaca
No hay cómo obligar que les regresen el cargo. En 2016-2017, 31 denuncias; 16 siguen abiertas
A menos de cuatro meses de concluir la administración 2017-2018, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) reportó como vigentes 16 casos de funcionarias víctimas de violencia política de género, que ejercen su cargo con obstáculo o lo han dejado de ejercer.
Las mujeres, en la defensa de sus puestos, recurrieron al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), donde existen cuatro expedientes de 2017 y 10 de 2018 por violencia política.
El TEEO informó que de los 14 casos por los que se abrió un expediente, ocho sentencias son a favor de las mujeres que se encuentran en vías de cumplimiento, dos fueron impugnadas por los denunciados y cuatro juicios siguen en trámite.
Un caso más es el de la síndica Marina González Mendoza, de Ayotzintepec, en la región de la Cuenca, por el que se abrió el expediente JDC/116/2017 bajo la queja de obstrucción de su ejercicio por parte del cabildo, pero no como violencia política de género, a pesar de presentar las condiciones, dice el tribunal.
Marina ha pasado más de la mitad del bienio municipal luchando por ejercer sus funciones como síndica hacendaria, luego que los concejales aprobaron su expulsión en septiembre de 2017 por denunciar opacidad en la aplicación de recursos públicos por parte del edil surgido del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tomás Salas.
González Mendoza no ha podido regresar al palacio municipal desde ese entonces, a pesar de que el TEEO ordenó al edil la reinstalación de la afectada.
Pese a esas situaciones violatorias a los derechos políticos por razón de género, no existen políticas que obliguen a los agresores a cumplir con las sentencias para la reinstalación de cargos o respetar los espacios públicos ganados por las mujeres, revela la consejera electoral del IEEPCO, Rita Bell López Vences.
Se acaba el tiempo
El proceso electoral 2015-2016 dejó como saldo 52 denuncias de oaxaqueñas a las que sus contendientes de campaña o compañeros de cabildo violentaron sus derechos, según el IEEPCO.
La presidenta de la Comisión de Género del IEEPCO, Rita López Vences, señala que 31 casos avanzaron a las instancias electorales, de las cuales 16 aún siguen pendientes por resolverse.
En seis de los casos se trata de agresiones contra síndicas, en cinco de concejales, en dos de presidentas municipales, una reclama su puesto como agente municipal y en el resto la autoridad no especifica.
De acuerdo con el IEEPCO, el mayor número de incidencias se registran en la Mixteca, con cinco eventos; uno de ellos el de la presidenta municipal de San Juan Ihualtepec, que no ha ejercido su cargo debidamente.
Le sigue la Costa con cuatro casos, Valles Centrales con tres, el Istmo con dos, mientras que la Cuenca y la Sierra Norte se registró uno, respectivamente.
Sin obligaciones
La consejera electoral reconoce que las políticas en razón de la violencia política de género se han centrado en protección a las afectadas, a garantizar su participación de paridad en las candidaturas, pero ha quedado un vacío para sancionar a quienes no cumplen con las resoluciones.
“Estamos actuando en torno a las agredidas, pero no contra quienes violentan. Ahí nos falta”, expresa la presidenta de la Comisión de Género.
Como único caso donde se ha sancionado a los responsables de violentar a mujeres, menciona la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar las candidaturas de dos aspirantes por alcaldías, en San Juan Colorado y San Juan Bautista Lo de Soto, en la Costa.
A casi un año de lucha y desanimada por la impunidad, Marina González lamenta que en su caso como en el de otras funcionarias se perdiera la oportunidad de demostrar la capacidad de las mujeres para gobernar; ella era la primera síndica hacendaria en la historia de su municipio.
