Indaga Fiscalía Anticorrupción a edil de Tlaxiaco por presunta riqueza ilícita

Síndicos señalan supuesto desvío de 53 millones de pesos; Fiscalía Anticorrupción ya abrió expediente
Foto: Especial
10/10/2018
09:41
Juan Carlos Zavala
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
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El presidente municipal de Tlaxiaco, Óscar Ramírez Bolaños (2017-2018), es acusado de presunto enriquecimiento ilícito, por la supuesta  malversación de  más de 53 millones de pesos de recursos públicos, según la demanda penal interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El caso fue presentado el 28 de junio pasado  por dos funcionarios municipales: el síndico procurador, Demetrio  Gómez, y el síndico hacendario, Raúl Naduvic, quienes estiman que  a la fecha  el monto desviado  asciende a  90 millones de pesos.

De acuerdo con el expediente al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, los recursos malversados fueron transferidos a  tres cuentas personales abiertas en   BBVA Bancomer. Según fuentes oficiales consultadas, en este delito también se configura  responsabilidad de la institución bancaria.

Además de la acusación contra Ramírez Bolaños por enriquecimiento ilícito,  en la carpeta de investigación 329/FEMCCO/2018 se acusa también al  titular de la Secretaría de Finanzas estatal (Sefin), Jorge Gallardo, y al procurador fiscal de esa dependencia, José Velásquez, por “ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades”.

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Óscar Ramírez, municipe de Tlaxiaco, es acusado por no informar sobre el manejo de los recursos federales que recibe el ayuntamiento

El conflicto que dio origen a la demanda se arrastra casi desde el inicio de la actual administración municipal, cuando el cabildo de Tlaxiaco se dividió políticamente, luego que Ramírez Bolaños nunca convocó a sesionar al órgano y se negó a transparentar el manejo de  recursos públicos.

Esto  llevó a un grupo de concejales  a interponer un recurso ante el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), en el que demandaron la revocación del mandato al edil; el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la controversia constitucional 276/2017 y el municipio  dejó de recibir   aportaciones federales, pues el Congreso local ordenó retenerle los recursos.

Los síndicos demandantes, Gómez Martínez y Naduvic Velasco, convocaron a sesión de cabildo el 5 de enero pasado para nombrar una nueva Comisión de Hacienda y nombraron a  Esperanza Gómez Martínez como la nueva tesorera municipal, facultada para recibir los recursos públicos que corresponden al ayuntamiento.

Las designaciones fueron avaladas por la SCJN, que ordenó  volver entregar al municipio los recursos retenidos; no obstante, la Secretaría General de Gobierno (Segego) no reconoció los nombramientos.

Por dicha negativa, los síndicos  ampliaron la controversia existente en la SCJN, incluyendo a  la Segego y la Sefin.  La acusación se debe a que ambas dependencias reconocen como tesorero municipal a   Josafat López Cruz, designado por el edil,  en lugar de a  Esperanza Gómez, quien fue elegida en sesión de cabildo, como marca la ley.

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Jorge Gallardo, titular estatal de Finanzas, es incluido en la demanda por ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades

Dos tesoreros

Josafat Cruz fue reconocido por la Segego a través de Antonio Cabrera Villalba, director de Gobierno de la Segego, quien dictamina la acreditación de las autoridades municipales. De acuerdo con los abogados, Cabrera Villalba debió cerciorarse de  que Josafat  López  contaba con los requisitos legales que avalaran su nombramiento, lo que no sucedió.

Pese a las irregularidades, la Sefin no ha entregado las participaciones que corresponden al ayuntamiento mediante cheques bancarios, como lo ordenó la SCJN, y continúa  depositándolas a través de las cuentas 0111403354, 0111403389, 0111403443 abiertas en Bancomer  a nombre del edil y de Josafat López.

Desde enero, al menos en cinco ocasiones, tanto la tesorera legal como algunos integrantes del cabildo  han pedido a Bancomer  informes sobre las cuentas, su congelamiento y su cambio de titulares, pero  el área jurídica respondió que sólo reconocían como clientes al edil y a su  tesorero, quienes  no  informan a la comunidad el destino de los recursos que le son depositados en dichas cuentas.

Además, mediante una carta de hechos de  julio de 2018, el banco aseguró que se  extravió la documentación  del municipio con la que  se aperturaron las cuentas en disputa. 

Actualmente, la SCJN ordenó dar vista del caso a la Procuraduría General de la República (PGR), según el expediente 276/2017. 

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