Acusan a diputados de violentar derechos de comunidad indígena
Autoridades de San Pedro Tulixtlahuaca responsabilizaron a los legisladores Paola Gutiérrez y Herminio Cuevas de cualquier acto de violencia
Autoridades agrarias de la comunidad de San Pedro Tulixtlahuaca, del municipio de San Antonio Tepetlapa, acusaron a los diputados locales Paola Gutiérrez Galindo y Herminio Cuevas Chávez de violar los derechos de ese pueblo indígena y ser omisos ante la orden que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) emitió al Congreso del Estado para iniciar el procedimiento de revocación de mandato a las autoridades de ese municipio ubicado en la región Costa.
En una carta pública, acusaron a la diputada de Morena y coordinadora de la Junta de Coordinación Política, Gutiérrez Galindo, y al presidente de la Comisión de Gobernación, Cuevas Chávez, de no haber iniciado el procedimiento mandatado por el TEEO, debido a los “acuerdos económicos y/o políticos” que ambos legisladores tienen con los asesores del municipio San Antonio Tepetlapa.
Refirieron que el 22 de agosto de 2017, el TEEO determinó que la comunidad de San Pedro Tulixtlahuaca tenía el derecho de administrar directamente sus recursos económicos, para ello, requirió a diversas autoridades del Gobierno del Estado y del municipio en cuestión, a determinar los elementos cuantitativos y cualitativos necesarios para el efectivo proceso.
El 4 de junio de 2018, el TEEO ordenó a las autoridades municipales de San Antonio Tepetlapa entregar los recursos correspondientes, apercibiendo que de no hacerlo, se daría vista al Congreso del Estado para que a través de la Comisión de Gobernación iniciara el procedimiento de revocación de mandato de los integrantes del ayuntamiento.
Ante la negativa de las autoridades municipales, el TEEO hizo efectivo el apercibimiento, y 30 de julio ordenó al Congreso del Estado iniciar dicho procedimiento.
Sin embargo, acusaron que los legisladores Gutiérrez Galindo y Cuevas Chávez hicieron caso omiso a la orden de la autoridad jurisdiccional, “todo para solventar el saqueo y raterías del asesor del municipio Dimas Zorrosa Morales, y de las autoridades municipales”.
Ante esta situación, responsabilizaron a los legisladores de cualquier acto de violencia que llegue a suscitarse su comunidad, toda vez que no cumplieron a lo establecido en la ley y violan flagrantemente la resolución de la autoridad jurisdiccional que reconoció los derechos colectivos en esa comunidad indígena.
