Ni alarma de golpe de Estado, como entre líneas pretendió infundir el gobierno, ni enojo entre la oposición porque se puso nombre y apellido a quienes actúan como tal dentro de la normalidad de un régimen democrático, debería haber provocado el documento de remitente anónimo (¿?) “Rescatemos a México, Proyecto BOA”, hecho público el martes pasado por el presidente López Obrador.

De su lectura quedan claros dos objetivos centrales: Ganar a Morena como Bloque Opositor Amplio la mayoría de la Cámara de Diputados en las elecciones del año próximo y revocar el mandato de AMLO en 2022 mediante un recurso constitucional promovido por el propio Presidente. Se trata, por lo visto, de un plan propio de todo juego democrático, no de una conspiración o complot para derrocarlo.

Los medios para conseguirlo son también legales y legítimos: candidatos únicos del PAN, PRI, PRD, MC y organizaciones empresariales; alianza de gobernadores abiertamente opuestos al gobierno federal; un discurso apoyado por redes sociales, influencers y analistas, que atribuya a AMLO los problemas de inseguridad, desempleo y rijosidad política, así como la destrucción de la economía y las instituciones democráticas; y cabildeos en Estados Unidos para sembrar la idea de que la 4T es un peligro para los intereses de ese país.

No hay evidencia, hasta ahora, de que esos medios se hayan salido de la órbita de la legalidad, aunque es innegable que, con la virulenta campaña de ataques contra el Presidente, se acercan a linderos peligrosos como el de los llamados golpes blandos, estrategias desestabilizadoras promovidas por intereses multinacionales y élites locales mediante el azuzamiento de la violencia y la propagación de mentiras para infundir confusión, zozobra y miedo entre la población. Esos golpes blandos ya se han documentado en otras latitudes, donde gobiernos democráticamente electos han sido desestabilizados y hasta derrocados, por cuestionar el orden establecido por el gran capital nacional y extranjero.

Es casi imposible no creer que en esas tramas no participen, más allá de su legítimo derecho a expresarse como oposición, quienes han visto severamente trastocados aquí sus intereses con los cambios impulsados por AMLO. Innecesario mencionar nombres. Son los expresidentes, políticos y empresarios que promovieron, implantaron e hicieron dogma su paradigma económico: el del libre mercado a ultranza, ahora sometido a la destrucción, sin que se rescate lo rescatable, por otro paradigma que voltea los ojos hacia el Estado y profesa fe en su propio dogma.

Así como la oposición tiene el legítimo derecho a organizarse para recuperar posiciones por la vía electoral y reivindicar su proyecto, la 4T también lo tiene para mantener las que ganó democráticamente en las urnas en 2018 y continuar con el suyo.

Si bien AMLO conserva una aprobación de 50%, hay sectores de la población que rechazan sus decisiones y forma de gobernar. Es inevitable que no lo sepa y opera en consecuencia. Eso podría dar pistas sobre un posible origen al interior del propio gobierno del documento BOA, suspicacia que no desaparecerá hasta que se sepa con toda certeza de dónde vino.

BOA, entonces, es parte del juego democrático, no es un complot. Y si uno interminable fue parte de la exitosa estrategia que llevó a AMLO a la Presidencia, él mismo ha de plantearse ¿por qué no retomarlo ahora para identificar y señalar al enemigo magnífico, al monstruo de cien cabezas que la 4T debe quitar del camino para lograr sus objetivos? En esa lógica se inscribe el juego de suma cero en la que López Obrador se atreve a plantear ¿están conmigo o están contra mí? como si nadie pudiera o debiera colocarse en el centro o simplemente estar con lo que mejor convenga a México.

Pero más allá de estos ardides y ante la innegable embestida de la derecha, Morena y aliados trabajan aceleradamente en la integración de los llamados Comités de Defensa de la 4T. La Coordinación Nacional por la Unidad de las Izquierdas inició su conformación días antes del triunfo electoral de López Obrador. El trabajo venía lento y discreto, pero la polarización política de los últimos meses los ha obligado a acelerarlo. En mayo pasado ya había unos 300 y se proponen que haya unos 3 mil antes de que termine el año. Bien si hacen su defensa mediante la política y las ideas. Mal si acaban, como los cubanos Comités de Defensa de la Revolución (CDR), convertidos en centros de propaganda, adoctrinamiento y delación.

Instantáneas:

1. ESCENARIOS. ¿Qué escenarios electorales vislumbran para la Cámara de Diputados las dos fuerzas polarizadas aquí descritas? Acaso los que plantea una reciente encuesta de Massive Caller: Si cada partido va por su cuenta, Morena, con 329 curules y sus aliados PT y Verde con nueve, conservan la mayoría calificada que les permite modificar la Constitución; si se repiten las alianzas de la pasada elección federal 2018, Morena y aliados, con 302 asientos, pierden la capacidad de cambiarla por sí solos; y se alían PAN, PRI, PRD y MC, el bloque obtendría 268 asientos mientras que Morena y aliados 232 curules, con lo que el partido en el gobierno perdería la mayoría legislativa y el control del presupuesto federal.  

2. JUSTICIA. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, atiende personalmente el caso del joven Alexander G, adolescente de 16 años asesinado por policías municipales de Acatlán de Pérez Figueroa, distrito de Tuxtepec. Según los agentes, lo confundieron con un delincuente cuando caminaba con unos amigos a comprar refrescos. Murat envió inmediatamente a personal de la Vice Fiscalía de Atención a Víctimas y a la Sociedad a reunirse con familiares del muchacho muerto y a cuya madre prometió justicia expedita.

3. EN LA CUERDA floja estaría caminando hoy el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, pues el Congreso local podría destituirlo junto con su secretario general de gobierno Manuel González, por haber utilizado recursos públicos en su fallida candidatura presidencial independiente. El 21 de junio de 2018, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó que “El Bronco” y González –en ese momento gobernador interino− desviaron recursos públicos para captar apoyos a la candidatura presidencial del primero y ordenó las sanciones correspondientes. El pasado 25 de julio envió al Congreso de Nuevo León un incidente de incumplimiento de sentencia que hoy desahogará el órgano legislativo. Morena, con seis votos, Movimiento Ciudadano con otros seis, el PRI con ocho y el Verde con uno, parecen estar a favor de la destitución. Esta procede con la mitad más uno de los votos del legislativo local, es decir, 22. Por ahora suman 21, por lo que necesitarían un voto más que saldría de los 15 legisladores panistas. Si se procede a la destitución de “El Bronco” habrá que esperar que la Corte haga efectiva la remoción. Eso podría ser la semana próxima.

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