Hace algunos meses, cuando la pandemia estaba en su fase inicial, especulé en una columna sobre el posible impacto que tendría sobre el crimen organizado en México. Sugerí que la disrupción económica y social producida por el surgimiento y expansión del Covid-19 generaría una contracción temporal de los mercados ilícitos y, en consecuencia, un debilitamiento transitorio de las bandas criminales.

A ocho meses de distancia, creo que no me equivoqué en el diagnóstico, pero subestimé la capacidad de adaptación de los actores criminales.

La semana pasada, el International Crisis Group, una organización no gubernamental dedicada al análisis y solución de conflictos violentos en el mundo, publicó un reporte (https://bit.ly/36CwtF4) sobre el impacto de la pandemia en los patrones delictivos en México y los países del llamado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).

Su primer hallazgo es consistente con lo que especulaba en marzo: en su fase inicial, la pandemia dislocó algunos mercados ilícitos. Los narcotraficantes tuvieron problemas para conseguir precursores químicos provenientes de China. El tráfico de cocaína se complicó por las medidas de restricción en los países productores. Los huachicoleros sufrieron por la brutal caída en la demanda de gasolina y la reducción del precio del combustible legal.

Su segundo hallazgo es mucho menos alentador. Los mercados ilícitos parecen haber rebotado mucho más rápido que la economía legal. Según una fuente del Cartel de Jalisco Nueva Generación, citada en el reporte, “para finales de mayo, las importaciones a México de precursores químicos estaban fluyendo muy bien nuevamente”. Asimismo, según las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, “los volúmenes de otras drogas confiscadas, como la heroína, se mantuvieron relativamente estables durante los primeros meses de la pandemia o incluso llegaron a aumentar como fue el caso del fentanilo y la metanfetamina.”

Por otra parte, la pandemia parece haber acelerado la diversificación de ingresos de las bandas criminales y conducido a una expansión de la extorsión, particularmente en los sectores agrícola y minero.

Pero, además, no solo resistieron al embate de la pandemia, sino que en algunos casos aprovecharon la coyuntura para ganar terreno. Algunos grupos, particularmente en el estado de Guerrero, lanzaron campañas de apoyo a la población. Asimismo, algunas bandas (en especial, el CJNG) parecen haberse vuelto más agresivos en sus esfuerzos de control territorial, sacando raja de la concentración de las autoridades en la atención a la pandemia.

La rápida adaptación de los grupos criminales a las nuevas circunstancias ha llevado a que los niveles de violencia letal no hayan disminuido durante los meses de contingencia sanitaria. De hecho, todo apunta a que 2020 será, por lo menos, igual de violento que el año pasado.

El futuro no pinta muy alentador. La brutal recesión provocada por la pandemia ha agudizado las condiciones sociales que favorecen la expansión de los grupos criminales y podría facilitar el reclutamiento de nuevos integrantes.

Sin embargo, hay una ventana de oportunidad en la actual emergencia, para abandonar ineficaces políticas de mano dura y adoptar estrategias más amplias que incluyan “fomentar alternativas legales al crimen, proteger a la población civil a través de despliegues policiales focalizados geográficamente, fortalecer las instituciones locales de seguridad y justicia, tomar medidas para librarlas de la corrupción y, cuando sea posible, introducir incentivos para la reintegración social de los miembros más jóvenes de grupos criminales.”

Ojalá les hagan caso.

Twitter: @ahope71