Opinión

No quisiera estar ahora en los zapatos de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En dos mañaneras consecutivas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya les mandó el mensaje sobre lo que espera en el voto sobre la constitucionalidad de transferir el control de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena.

El miércoles, afirmó que “si declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error, un error garrafal.” Un día después, reiteró que “si no depende la Guardia de la Defensa, se va a relajar la disciplina y vamos a regresar de nuevo al modelo García Luna de la Policía Federal. Ojalá y los ministros, porque van a resolver sobre eso, lo tomen en cuenta.”

Esos mensajes públicos casi siempre vienen acompañados de presiones discretas. Pero este caso tiene un componente adicional: el cabildeo muy probablemente no solo viene de Palacio Nacional o de Bucareli, sino también de la propia Sedena. Esa combinación puede ser muy potente.

No está fácil entonces resistir ese embate desde la Corte. Pero espero que lo hagan de cualquier modo, por las razones que expliqué en mi columna del lunes pasado (bit.ly/40fQz1K), pero también por una más simple: no pasaría nada en el corto plazo si aprueban el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara.

Al menos no en el plano operativo. Después de un fallo de esa naturaleza, la GN seguiría haciendo lo que hace hasta ahora: muchos rondines, poca investigación, pocas detenciones. Tan útil o inútil como hoy.

Tampoco habría mayor cambio en la relación cotidiana con las Fuerzas Armadas. La GN seguiría siendo un apéndice de la Sedena, con 80% de su personal manteniendo plaza y cobrando sueldo en el Ejército. La mayoría de los cuarteles y el equipo de la GN seguiría siendo patrimonio de la Sedena, como ha sido desde el principio.

Si ese es el caso, ¿para qué tanto brinco? ¿Por qué tanta preocupación tanto en Presidencia como en la Sedena? Las referencias a García Luna y la Policía Federal no son más que distractores: el problema de la PF nunca fue la ubicación en el organigrama federal.

Lo que preocupa en el gobierno y en las Fuerzas Armadas no es lo inmediato, sino la transición el año que entra. Hay que recordar que la reforma que se discutirá en la Corte se aprobó básicamente para resolver un entuerto administrativo.

Desde el día uno, la Sedena ha controlado a la GN de cabo a rabo. Pero ese hecho práctico tenía que convivir con la realidad jurídica de que la GN estaba adscrita a otra dependencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eso generaba varias dificultades. En arreglos un tanto heterodoxos, le “prestaban” personal a un órgano desconcentrado ubicado en otra dependencia. Lo mismo hacían con instalaciones y equipo. Es decir, una serie de bienes estaba en el inventario de una secretaría, pero bajo resguardo de otra (y muy probablemente sin estar debidamente documentado).

Eso no pasa una auditoría bien hecha. Al menos, ese debe de haber sido el temor del alto mando militar.

Ese era el problema. Para resolverlo, había dos rutas: 1) transferir formalmente el personal, las instalaciones y el equipo a la GN, con el presupuesto correspondiente, o 2) transferir la GN a la Sedena, a pesar de la clarísima prohibición constitucional en la materia. Optaron por la segunda, pero eso se les puede desbalagar en los próximos días.

Entonces, señores y señoras de la Corte, voten como les dicte su conciencia. La seguridad del país no está en riesgo. Los que están en riesgo son los que firmaron documentos cuestionables durante años.