Este lunes comenzaron las clases en gran parte de las escuelas de educación básica del país. En preparación para este nuevo ciclo escolar, la SEP anunció —de nueva cuenta— un plan para evitar el ingreso de armas y sustancias prohibidas a las escuelas. Entre otras medidas, la propuesta incluye la revisión de las pertenencias de los alumnos, un programa conocido como “Mochila Segura”, que fue implementado a nivel nacional desde 2007 en el contexto de la Guerra contra las Drogas. De acuerdo con el subsecretario de Educación Básica, este ciclo participarán 70 mil escuelas, ubicadas en las zonas con mayor incidencia delictiva como Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa y algunas delegaciones de la Ciudad de México. Según el subsecretario, “cada uno de los estados va a definir qué tipo de acciones va a seguir en relación con el tema de las mochilas”.

Nunca se ha demostrado que la política de revisión de mochilas tenga resultados positivos. Incluso en 2013, la Auditoría Superior de la Federación señaló que simplemente no había información para evaluar los resultados del programa. En cambio, los pocos estudios que se han realizado sobre el tema apuntan a que la revisión no disminuye el ingreso de armas o sustancias ilícitas a los planteles escolares. Los estudiantes que quieren ingresar objetos prohibidos saben que sus pertenencias pueden ser revisadas y, si deciden ingresarlos, no los llevan en sus mochilas. Lo que sí se decomisa, en cambio, de acuerdo con algunos reportajes, son cosas como maquillaje, condones, pastillas anticonceptivas, cigarrillos, latas de aerosol, teléfonos celulares o cómics.

Desde hace años, diversas organizaciones como CADHAC, Cencos y el Centro de Derechos Humanos Vitoria han señalado los riesgos del programa. En 2002, la Comisión de Derechos Humanos del DF se pronunció en contra por ser violatorio de la privacidad de los estudiantes y de la presunción de inocencia. En general, las opiniones coinciden en que es una medida discriminatoria que criminaliza a niños y jóvenes de ciertos sectores sociales, exponiéndolos a abusos por parte de las autoridades. En 2014, por ejemplo, la implementación del programa en el estado de Puebla implicó la presencia de policías y elementos caninos en escuelas para detectar sustancias y/o armas prohibidas. La imagen de niños siendo revisados por perros de manera rutinaria resulta indignante, pero incluso cuando no participan elementos de seguridad, la política resulta contraproducente, pues genera una dinámica negativa entre autoridades y estudiantes. En lugar de incentivar que las escuelas sean un espacio de respeto, esparcimiento, confianza y acercamiento entre adultos y menores, promueve una relación de hostigamiento, desconfianza y temor. En últimos términos, la escuela se convierte en otro espacio de riesgo y de quebrantamiento a la intimidad, otro lugar donde los niños aprenden a esconderse de la autoridad.

La política de mochilas seguras lleva la siempre expansiva lógica de la seguridad a otra área más de la vida social. Desde hace años hemos aceptado el repliegue de nuestros derechos, tolerado más violencia y mayor intromisión del Estado policial en más espacios de nuestra vida, a cambio de una supuesta seguridad que existe sólo como promesa. El lado más violento del Estado se expande mientras se debilita su presencia como órgano regulador, árbitro imparcial o prestador de servicios. A la vez, la impunidad y la ineficacia de las instituciones se mantienen intocadas, como también permanecen sin cambio las condiciones sociales que causan la violencia. Eso sí, habrán menos pastillas anticonceptivas y cómics de que preocuparnos en las aulas, y nuestras alumnas y alumnos tendrán claro que sus derechos valen poco; y que, desde la entrada, son meritorios de sospechas.

División de Estudios Jurídicos, CIDE.

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