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Ilustración: Iván Vargas
Cuando Ana decidió abandonar su hogar lo hizo porque temía que su pareja la asesinara a ella o a sus hijos. Sabía de los estragos de la violencia, pues a los 10 años su abuela la vendió a un hombre. Ya con la mayoría de edad, migró al norte del país para buscar trabajo, fue ahí donde conoció al hombre del que ahora huye.
Ana (nombre ficticio para proteger su identidad) tiene menos de 30 años y tres hijos que concibió tras su llegada a Oaxaca. Como parte de su búsqueda por ayuda llegó al DIF, donde intentaron realizar reuniones de conciliación con su marido, pero él nunca asistió a las citas.
Su siguiente paso fue la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, donde le dijeron que sólo brindan albergue a las mujeres que cuentan con un proceso de denuncia formal. A pesar de haber manifestado ser víctima de violencia familiar, al no realizar la denuncia se le negó el refugio.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sólo en 2018 se abrieron más de 5 mil carpetas de investigación por violencia familiar en Oaxaca, un promedio de 15.6 denuncias al día. A ellos se suman los casos de mujeres que, al igual que Ana, no denuncian por temor a represalias.
Para Consorcio para la Equidad y el Diálogo Parlamentario en Oaxaca, “la violencia familiar es la más común de las agresiones contra las oaxaqueñas”. Sólo en el primer mes de 2019 la asociación contabiliza nueve casos de mujeres gravemente agredidas por sus parejas.
La organización acusa que “no se han generado políticas públicas integrales para su prevención y atención, y que existe un subregistro, debido a que muchas de estas agresiones no son denunciadas”.
Ana, por ejemplo, tiene claro que su prioridad es ponerse a salvo junto con sus hijos. Al no saber leer ni escribir desconoce el proceso legal, pero sabe que es largo, que necesita testigos y que no puede abandonar la región, exponiéndose así su ex pareja.
Justicia con limitantes
El caso de Ana llegó hasta la organización Ixmucane que otorga asesoría legal a mujeres en situación de violencia. Para sus integrantes, las instituciones de procuración de justicia “tienen muchas limitantes y existe una notable revictimización, por lo que las mujeres buscan solas la forma de huir de la violencia”.
Resaltan que no hay ninguna institución de gobierno que brinde servicios integrales y que cuente con un albergue donde no se les condicione la denuncia.
En Oaxaca sólo el Centro de Justicia para las Mujeres tiene un albergue que depende de recursos públicos. Aunque las víctimas pueden permanecer hasta tres meses, sólo se recibe a quienes ya denunciaron; las que no lo han hecho tienen que protegerse solas.
Este refugio dependía del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en Entidades Federativas (PAIMEF), mismo que desapareció del presupuesto de egresos 2019; su permanencia dependerá de que el gobierno estatal absorba los gastos.
Lo anterior se convierte en un círculo vicioso, pues según Ixmucane, las mujeres no denuncian por miedo, falta de redes de apoyo, de recursos económicos y ausencia de instituciones cercanas que las reciban.
A falta de estos espacios, son asociaciones civiles las que con recursos propios, muchas veces insuficientes, albergan temporalmente a mujeres en situación de violencia. En la entidad sólo en el Istmo y los Valles Centrales existen estos espacios.
Sin otra opción a dónde acudir, Ana buscó un lugar seguro por su cuenta, con la ayuda de Ixmucane que organizó una colecta de fondos.