La herencia de Mafud: 132 muertes por conflictos comunitarios y 91 “focos rojos”

Oaxaca de Juárez.— Cerca de las 7:30 de la mañana del 5 de octubre, campesinos de Santo Domingo Yosoñama fueron emboscados por un grupo armado. En el ataque tres hombres murieron y dos más resultaron con heridas de bala.

El móvil de la agresión, según el presidente del Comisariado de Bienes Comisariado de Bienes Comunales de Santo Domingo Yosoñama, Reynaldo Ventura Guzmán, fue el conflicto agrario que mantienen con San Juan Mixtepec, municipio de la región de la Mixteca de Oaxaca.

Catorce días después de esta agresión, Héctor Anuar Mafud Mafud dejó la titularidad de la Secretaría General de Gobierno (Segego), puesto que fue ocupado por Francisco García López, hasta entonces secretario particular del gobernador Alejandro Murat.

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Durante su gestión al frente de esta dependencia encargada de la gobernabilidad en el estado, se registraron 132 muertos y 63 personas heridas de bala por agresiones y enfrentamientos armados entre comunidades a relacionados por disputas de tierras.

Entre estas víctimas se encuentran 13 hombres y dos mujeres que el pasado 21 y 22 de junio fueron masacrados en Huazantlán del Río, agencia del municipio de San Mateo del Mar; aunque el multihomicidio fue vinculado a una disputa política, la población también sostiene un conflicto agrario con Santa María del Mar y la inconformidad de un sector por la instalación de parques de energía eólica.

Años de sangre 

Foto: Especial

El 16 de julio de 2018, 13 campesinos de Santa María Ecatepec, que fueron asesinados presuntamente por habitantes de San Lucas Ixcotepec, en la zona del conflicto entre ambas poblaciones de la Sierra Sur. En este ataque, ocho personas más sufrieron heridas de bala.

Según la Segego, durante el periodo de Héctor Mafud se resolvieron 34 conflictos agrarios; mientras que están latentes 330, de los cuales 91 son considerados “focos rojos” y requieren ser monitoreados por riesgo de violencia entre las partes en conflicto por la disputa de la tierra.

Para el especialista, académico y abogado agrario litigante, Ramón Herrera Chela, las causas de este tipo de conflictividad en Oaxaca son diversas, pero destaca que en el estado están arraigados los usos y costumbres, los cuales “han demostrado estar de facto por encima de instituciones como la Procuraduría Agraria (PA) y los tribunales agrarios”.

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Aunque estas instituciones intervengan ya sea a través de la mediación y resoluciones judiciales, la solución de los conflictos no avanza si las asambleas de las comunidades lo rechazan.

“Los límites entre una comunidad y otra, o con un ejido, o con un pequeño propietario, con pueblos indígenas que tengan antecedentes de muchos años atrás, sienten que de acuerdo a sus costumbres la zona les pertenece, aunque legalmente no lo pudieran acreditar con algún documento con validez oficial”.

Un segundo factor, agrega, es el político. No falta, dice, el actor político que quiera aprovecharse de la problemática para llevar promesas que al final nunca cumplen y agravan más la situación.

Foto: Tomada de Facebook

Para el especialista urge una reforma agraria integral. El actual gabinete del gobierno federal, explica, anunció una serie de reformas estructurales en materia agraria e incluso se presentaron iniciativas para una nueva Ley Agraria, pero fueron llevadas a la “congeladora” y con la pandemia por no se ha vuelto a tocar el tema.

“La ley agraria está incompleta. Cuenta con 200 artículos y si entras al portal de la Suprema Corte y se buscan tesis de jurisprudencia en materia agraria, va a encontrar por lo menos 2 mil 200 tesis aisladas y jurisprudencias que abordan el tema agrario.

“De ese tamaño quedó incompleta y sobre todo rebasada la ley agraria. Ya no cubre muchas de las necesidades, ya no atiende muchos problemas que actualmente se están suscitando. Eso me consta, varias sentencias que han emitido los tribunales no pueden ser ejecutadas porque la ley no les da las facultades”.

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Otro ejemplo, es la falta de atribuciones de la Procuraduría Agraria. Es decir, aunque la dependencia acuda como mediadora a una comunidad y logre sentar a los protagonistas del conflicto y logre que firmen un convenio o acuerdo, si al día siguiente una de las partes decide no respetarlo, no pasa nada.

La Procuraduría Agraria no los puede multar y no les puede fincar otras responsabilidades. “En ese sentido la PA sigue chimuela. Los convenios, los acuerdos no tienen rango de autoridad. Es letra muerta”, apunta el abogado.

Foto: Tomada de Facebook

Pero, sobre todo, señala que definir lo que se requiere para una nueva legislación en la materia aún se ve lejano porque tampoco como sociedad ni como gremio de abogados se han puesto de acuerdo en la dirección que deben tomar esos cambios en las leyes y hacia dónde va a evolucionar.

“Créame que muchos siguen añorando en desempolvar las leyes que surgieron después de la Revolución, el reparto social, la justicia social. Sí cumplieron su función en su momento, pero ya fueron rebasadas”.

Ramón Herrera explica que hay dos posiciones: los que añoran que el agrarismo regrese a los tiempos de la pos Revolución mexicana y los que cuestionan cuál debe ser la siguiente etapa hacia donde debe transitar el tema agrario. “Definitivamente sí nos hace falta avanzar, pero no nos hemos puesto de acuerdo hacia qué dirección”, advierte.

EL UNIVERSAL buscó a Héctor Anuar Mafud Mafud para esta nota, pero no se obtuvo respuesta.