Registra ONU-DH cuatro homicidios de defensores
Son cuatro víctimas del Comité de Defensa de Derechos Indígenas, ocurridos el año pasado y hechos no esclarecidos
Ocho personas defensoras de derechos humanos fueron victimadas durante el año 2018, de las cuales cuatro son de Oaxaca, informó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Uno de los crímenes más recientes fue en contra del defensor Abraham Hernández González, coordinador regional de la organización Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) en la entidad, el 17 de julio del año pasado.
Fue privado de la libertad por un grupo de personas armadas y encapuchadas en la localidad de Salchi, en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, cuyo caso condenó el organismo internacional. Después de varias horas, el mismo día fue hallado el cuerpo del defensor con tres impactos de bala.
Tras ello se registraron diversas movilizaciones para exigir justicia; sin embargo, a medio año del crimen, no hay personas detenidas.
La noche del 12 de febrero de ese año, integrantes del Codedi fueron emboscados por un comando armado en la carretera federal 175, Oaxaca y Puerto Ángel, en inmediaciones de Miahuatlán, después de sostener una reunión con autoridades gubernamentales en la capital del estado.
La ONU notificó y condenó el asesinato Alejandro Antonio Díaz Cruz, Ignacio Basilio Ventura Martínez y Luis Ángel Martínez, integrantes de la organización; su líder, Abraham Ramírez Vásquez, logró sobrevivir en el ataque.
El Codedi es una organización con una amplia trayectoria que trabaja con varias comunidades indígenas de las regiones Sierra Sur, Valles Centrales y Costa del estado de Oaxaca, defendiendo los derechos de los pueblos indígenas.
Oaxaca fue uno de los cinco estados visitados en 2017 durante la misión oficial del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el señor Michel Forst.
En el informe sobre México presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial recomendó al gobierno de México que “elabore, apruebe y evalúe políticas públicas integrales orientadas a prevenir las violaciones de los derechos humanos cometidas contra las personas defensoras de los derechos humanos, así como medidas destinadas a eliminar las causas estructurales que contribuyen a generar los riesgos que corren y adaptadas a las necesidades de diferentes grupos, como los pueblos indígenas y las mujeres defensoras de los derechos humanos”.
En este mismo sentido, la Relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, la señora Victoria Tauli-Corpuz, subrayó con ocasión de su visita a México en 2017 “la necesidad de que se consideren medidas de protección colectivas y culturalmente adecuadas en el caso de los pueblos indígenas”.
