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Por la tarde, en conferencia de prensa, el fiscal General del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, confirmó que Vera Carrizal fue detenido la mañana de ayer, luego de entregarse voluntariamente.
Vera Carrizal, considerado prófugo desde diciembre pasado, se entregó en las instalaciones del Sistema C4, en las inmediaciones del Periférico, en la capital oaxaqueña.
“La presentación voluntaria no corre en beneficio de Vera Carrizal, vamos a sostener la imputación y hacerlo responder ante las autoridades”, reiteró el fiscal.
Agregó que las corporaciones de seguridad e impartición de justicia, entre ellas la Interpol, realizaron actividades de persecución “para que este sujeto se viera obligado a entregarse”.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Vera Carrizal fue llevado a audiencia para seguir el debido proceso.
Según información proporcionada por la familia de María Elena a EL UNIVERSAL, el acusado será presentado ante el juez para hacer de su conocimiento los delitos que pesan en su contra; Vera Carrizal podrá aceptar los cargos o solicitar la ampliación del término constitucional a fin de presentar pruebas que pudieran probar su inocencia.
El exdiputado se enfrenta al delito de feminicidio en grado de tentativa, tras ordenar y planear junto con otras cuatro personas, entre ellas su hijo (aún prófugo), el ataque con ácido contra María Elena, el primer caso documentado en la entidad.
Se tenía previsto que la audiencia se celebrara ayer mismo a puerta cerrada, ante la emergencia sanitaria por Covid-19, en Huajuapan, pues fue un juez de esta ciudad quien ordenó su captura.
Explicó que ella y su familia se enteraron de la detención de Juan Antonio Vera Carrizal a través de EL UNIVERSAL y reconoció sentirse molesta por la forma en la que se dieron a conocer los hechos, puesto que ni su familia ni ella se enteraron por las autoridades.
En su cuenta de Twitter publicó un mensaje en el que agradeció el apoyo de la sociedad y pidió estar alerta “al proceso que a partir de ahora se inicia, que no quede ningún cabo suelto y no exista manera de desvirtuar la verdad”.
Por su parte, la presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos afirmó que la detención “es el resultado de una fuerte demanda social, en la que la ciudadanía expresó su repudio ante una violencia feminicida que se ampara en el abuso de poder”.
Asimismo, criticó que “la detención careció de los elementos mínimos de un protocolo de seguridad y el inculpado fue presentado sin esposas”, evidenciando un trato diferenciado.
