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Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL
Al menos 20 exfuncionarios estatales interpusieron juicios de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por sanciones impuestas en su contra, al ser señalados de irregularidades o actos de corrupción durante su desempeño en el cargo.
El presidente del TJA, Adrián Quiroga Avendaño, explica que los exfuncionarios argumentan que las sanciones estuvieron incorrectamente fundadas o “que no hay razón para que se les imponga la sanción o la multa”.
EL UNIVERSAL reveló que entre 2013 y 2017, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) sancionó a 39 funcionarios y exfuncionarios de diversas dependencias estatales con montos que superan los 112 millones de pesos e inhabilitaciones para desempeñar un cargo público de hasta 20 años.
Todas estas sanciones fueron revocadas por la misma SCTG o por el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas. Sólo dos permanecen vigentes ante el Registro de Servidores Públicos, Proveedores y Contratistas Sancionados, de acuerdo con los expedientes a los que tuvo acceso este medio.
Obligación. Según Quiroga Avendaño, presidente del TJA, a partir de la reforma a la Constitución federal, una de las funciones de este tribunal es sancionar a quienes incurran en actos de responsabilidad considerados como graves por parte de los servidores públicos.
Para ello se debe llevar una investigación realizada por los órganos de control interno de todas las dependencias o entes estatales, así como por la Fiscalía General del Estado por conducto de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y el órgano Superior de Fiscalización del Estado.
“Ellos realizan la primera parte de la investigación y si establecen que se trata de un acto de responsabilidad catalogado como grave lo tendrán que turnar al TJA. Hasta ahora, sólo tenemos un asunto que nos ha sido turnado por un municipio y es el que estaría ahorita en conocimiento del tribunal”, detalla el presidente del tribunal.
En el caso de las sanciones revocadas, reconoce que se han concluido a favor de los exfuncionarios porque los órganos de control interno que se encargaron de realizar las investigaciones incurrieron en “ciertas deficiencias y uno de los principios rectores del tribunal es que es un órgano de legalidad donde todo acto de autoridad debe estar fundamento”, señala.