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Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
En el país, 22 estados carecen de una ley para proteger la integridad de los defensores de derechos humanos, alertó Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al presentar el Estudio sobre el cumplimiento de los pronunciamientos de la CNDH en materia de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, destacó que 17 entidades federativas reportaron cumplimiento satisfactorio de la Recomendación General 25; 12 presentaron cumplimiento básico; Yucatán reportó cumplimiento insuficiente, mientras que Chihuahua y Coahuila no respondieron.
Corzo Sosa advirtió que “22 entidades carecen de su respectiva ley para salvaguardar la integridad de las personas defensoras de derechos humanos, en tanto que las 10 restantes ya cuentan con ella para proteger a quienes desempeñan esa actividad”.
Los estados en los que falta establecer una ley en la materia son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estados de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Destacó que a partir de que la CNDH emitió la recomendación general, cinco entidades efectuaron las reformas legislativas correspondientes, sumándose a otras cinco que tenían disposiciones similares, por que exhortó a los estados pendientes a actualizar su normatividad.
Reveló que las entidades con más registros de homicidios de personas defensoras civiles de derechos humanos son: Chihuahua, con 13 casos; Guerrero, con seis y Oaxaca, con cinco, por lo que urgió a “intensificar esfuerzos para implementar medidas de protección para esas personas, ante la situación de violencia e inseguridad que se vive en distintas regiones del país”.
El quinto visitador general explicó que para abatir los altos índices de impunidad que registran las agresiones y homicidios contra personas defensoras de derechos humanos es fundamental que los gobiernos de los tres niveles asuman su responsabilidad en la investigación adecuada de dichos casos, además de diseñar y aplicar políticas públicas que permitan prevenir situaciones que pongan en riesgo su integridad.
Indicó que el estudio, realizado conjuntamente por la CNDH y la UNAM, analiza la respuesta de las autoridades al “Informe Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México”, publicado en 2011, así como a la Recomendación General 25 sobre agresiones a personas defensoras de derechos humanos, emitida en febrero de 2016.
Corzo Sosa dio a conocer que el estudio contiene propuestas en materia de políticas públicas para que quienes se dedican a la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas ejerzan su actividad con los estándares mínimos de seguridad previstos en los tratados e instrumentos internacionales en la materia.
Recordó que recientemente la CNDH lanzó la campaña “Para que algún día no tengamos que ser defensor@s de derechos humanos”, y enfatizó que se deben reforzar la concientización y sensibilización en la sociedad y autoridades sobre el respeto y reconocimiento que merecen las actividades de quienes defienden los derechos humanos.
mpb