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Especial
Sin acceso a las medidas abortivas a que tienen derecho por ley, tras ser víctimas de violación, las mujeres buscan opciones en la clandestinidad para interrumpir embarazos, hecho que pone en peligro su vida.
Al respecto, la representante de la Red Nacional de Católicas por el Derecho a Decidir (RNCDD), Valentina Jaso, lamenta que no exista en el sistema de salud pública una asesoría apropiada para aquellas que pueden elegir interrumpir su embarazo y recibir atención del sector salud durante el proceso.
"El desempeño del sector salud es ineficiente, sabemos que no se están realizando interrupciones a través de los métodos menos invasivos en los casos que implican una causal legal como el abuso sexual", insiste.
La RNCCD denunció en febrero del año pasado que el Hospital Civil "Dr. Aurelio Valdivieso", negó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a dos mujeres víctimas de violación durante el 2016, reseña. La red estima que por cada ILE realizada dentro del marco legal, otras cuatro suceden en medio de la clandestinidad.
Negar a las mujeres el derecho de acceder a un proceso de interrupción de embarazo por las causales permitidas, incurre en una violación a la Norma Oficial Mexicana número 046, relacionada con la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, precisa.
Al respecto, dicha norma establece que "en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley [...]
Las instituciones públicas de atención médica, deberán contar con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia".
El panorama
El aborto en México, es decir la interrupción voluntaria del embarazo, es legal en todos los códigos penales estatales en casos de violación. No obstante en estados como Guanajuato, Guerrero y Querétaro lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer. En 14 estados en estos casos para incluir deformidades fetales graves.
Para la activista, es imposible conocer un estimado de cifras de ocurrencia de abortos, tanto en el sistema de salud pública, como en los que se realizan por cuenta propia, pues la clandestinidad en que ocurren obliga a ocultar el hecho.
"Es un tabú del cual muchas mujeres no quieren hablar, no obstante, poco a poco han surgido grupos que buscan hacer del aborto algo visible, seguro y confiable", señala.
Sin leyes apropiadas
Jaso indica que no sólo hay deficiencias en el sector salud para atender la problemática de salud pública que desencadena el aborto y la clandestinidad en la que se practica, también resalta que a los encargados de legislar el tema en el estado, el tema no les preocupa.
"Los encargados de la impartición de justicia y la creación de leyes no encuentran necesario legislar a favor de la práctica del aborto seguro como un derecho de todas las mujeres y al que todas deberíamos tener acceso", sostiene.
El panorama legal, precisa, está plagado de posturas y prejuicios que provienen de los puntos de vista de legisladores y políticos, así como del desconocimiento sobre el tema.
Apoyo externo
Además de las redes que acompañan a mujeres en diferentes estados del país en el proceso de interrupción de embarazo.
En la Ciudad de México, el único estado donde el aborto es legal, hay una organización denominada Fondo de Aborto para la Justicia Social MARÍA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento).
Esta organización brinda apoyo financiero, emocional y logístico a mujeres que no cuentan con recursos suficientes para poder acceder a los servicios de aborto legal disponibles.
El Fondo MARÍA es el primer Fondo de Aborto en América Latina y es integrante de la Red Nacional de Fondos de Aborto de Estados Unidos- NNAF, del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro-CLACAI y el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres.