El Covid-19 retrasa castigo por fraudes en reconstrucción; indagan a empresas y funcionarios

Oaxaca de Juárez. — A tres años de los sismos de septiembre de 2017, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Oaxaca tiene abiertas 11 investigaciones contra funcionarios estatales y empresas a las que se les otorgaron contratos para la reconstrucción de escuelas en la región del Istmo de Tehuantepec.

Las 11 investigaciones está relacionadas con las obras de reconstrucción que ejecutó con recursos públicos el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (Iocifed).

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), 3 mil 476 escuelas de educación básica tuvieron afectaciones en los 41 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, 646 presentaron daños graves y 2 mil 804 presentaron daños menores.

A estas se suman 440 escuelas de educación media superior, de las cuales 111 presentaron daños graves y 329 daños menores.

Foto: Edwin Hernández

Según datos del Iocifed, el total de escuelas atendidas con recursos del FONDEN fueron 647 en 40 municipios del Istmo de Tehuantepec, con una inversión de mil 844 millones 947 mil 978 pesos. Además de 277 planteles educativos que, hasta febrero de 2020, no contaban con fuente de financiamiento: 151 con daño parcial y 76 con daño menor.

De las 11 investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, llamada coloquialmente Anticorrupción, 10 se iniciaron a partir de las denuncias interpuestas por el mismo Iocifed contra las empresas que abandonaron las obras y no las concluyeron, y por no cumplir con el contrato a cabalidad.

La otra carpeta de investigación fue a través de una denuncia interpuesta por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) contra de una de las empresas que ya había sido denunciada por la dependencia estatal ejecutora, pero por la cual se dio a vista a la Fiscalía Especializada porque la SCTG también inició un procedimiento de responsabilidad administrativa contra uno de los extitulares del Iocifed.

De acuerdo con las investigaciones, las empresas dejaron la reconstrucción de diversas escuelas con avances que van desde un 15 y hasta un 80%. El monto total por estas obras asciende a 11 millones 366 mil 574 pesos.

Jorge Emilio Iruegas Álvarez, fiscal Anticorrupción de Oaxaca, explica que en un par de denuncias contra las empresas comparecieron los aparentes representantes legales; aparentes, explica, porque dos de ellos negaron tener alguna relación con la empresa y desconocer porqué aparecen como representantes legales. También negaron haber firmado algún documento.

“Mencionaron que ni siquiera tenían conocimiento de que habían sido designados como representantes legales de las empresas. En algunas otras más ya se corroboró que el domicilio fiscal que aportaron las empresas no existe”, señala en entrevista con EL UNIVERSAL. 

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Las 11 denuncias, precisa, se encuentran en etapa de investigación; pero advierte que una de las dificultades es el avance a partir de la contingencia sanitaria generada por el Covid-19; sobre todo, para conocer la situación fiscal de las empresas señaladas.

“A raíz de la contingencia, Finanzas suspendió los plazos para proveer información. Estamos haciendo requerimientos y más allá de que en alguna ocasión nos han respondido, no dentro de los plazos, la verdad es que sí ha sido muy complicado con el tema de la pandemia tener información mucho más rápido”.

Los delitos que se configuran en estas denuncias, detalla Iruegas Álvarez, de manera directa son el ejercicio ilícito del servicio público y un posible uso ilícito de atribuciones y facultades, en el caso de los funcionarios del Iocifed que son investigados.

En el caso de los particulares y empresas señaladas, se configura el delito de fraude. El fiscal Anticorrupción agrega que aquellas situaciones en las que se compruebe la suplantación de identidad de los supuestos representantes legales, también se configura el delito desde uso de documento falso y hasta falsedad en declaraciones. 

“Eso en los casos donde la persona que aparentemente era representante legal y que menciona no haber tenido conocimiento ni haber estampado ninguna firma”, aclara.

Iruegas Álvarez señala que continúan con la realización de las investigaciones pese a los retrasos originados a partir de la contingencia sanitaria.

Sin embargo, adelanta que en al menos dos casos ya tienen formulada la posible imputación que harán contra la persona moral (empresa) y contra el funcionario público, que en su momento fue parte del proceso de contratación y supervisión de la obra.