Organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos en Oaxaca calificaron a la “Cuarta Transformación” como una "nueva etapa del capitalismo salvaje" que pretende apropiarse de sus territorios.

En el pronunciamiento leído ayer durante la Jornada de los Pueblos Indígenas en Defensa de Nuestros Territorios “Samir Flores Vive”, realizada ayer en la capital del estado, describieron al movimiento político y de gobierno de Andrés Manuel López Obrador como la “Cuarta Destrucción que los quiere divididos y muertos".

“Padecimos décadas de destrucción a manos de malos gobiernos priístas y panistas neoliberales, y vemos que la llamada 'Cuarta Transformación' no es más que una nueva etapa del capitalismo salvaje que pretende adueñarse de nuestros territorios”, afirmaron.

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Los organismos civiles señalaron que las comunidades y pueblos indígenas de Oaxaca se enfrentan a la imposición sistemática de proyectos neoliberales y extractivos como el Corredor Transístmico, concesiones de empresas mineras en todas las regiones, parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, hidroeléctricas, y una estrategia constante de cooptación y división mediante la incursión de partidos políticos en sus poblaciones.

Durante la jornada de ayer anunciaron que rechazan las consultas que lleva a cabo el Gobierno Federal y con las cuales pretenden justificar y legitimar la imposición de sus proyectos.

“En vez de confiar en falsas promesas de partidos políticos y gobiernos, hacemos el llamado a fortalecer los sistemas comunitarios de autogobierno. Oaxaca tiene una gran tradición asamblearia, es fundamental fortalecer nuestras asambleas en todos los niveles: desde la comunidad, en nuestras organizaciones y en nuestras alianzas”, afirmaron en dicho evento.

Las organizaciones consideraron urgente defender sus tierras comunales y ejidales y fortalecer sus estatutos comunales, así como vigilar a las autoridades para evitar su consentimiento para los cambios de uso de suelo para los megaproyectos.

Exigieron la cancelación inmediata del Corredor Transístmico, del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina y Río Verde, de las concesiones mineras de 120 mil hectáreas de la Sierra Sur, de la concesión minera Zapotitlán I en territorio Chontal y remediación del río el Coyote, así como la reparación de daño a la comunidad de Magdalena Ocotlán por el derrame de químicos a la Presa de Jales de la empresa Fortuna Silver –Cuzcatlán.

De la misma manera demandaron la cancelación del proyecto minero San José de Fortuna Silver Mines –también en Cuzcatlán—, de la concesión minera de 10 mil hectáreas en Cerro Eustaquio y La Llovizna, Juchitán, de las concesiones mineras en territorio oaxaqueño por todo el daño y destrucción que arrastran con ellas, así también la cancelación de los proyectos eólicos, entre otras demandas.

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