Recupera Gobierno Oaxaca 2.5 mdp malversados en el sexenio de Gabino Cué
El fiscal Anticorrupción, Iruegas Álvarez, informó que se llegaron a acuerdos “reparatorios” con ex funcionarios de la administración anterior
El gobierno del estado de Oaxaca recuperará dos millones 500 mil pesos que presuntamente fueron malversados durante la administración del ex gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, informó el fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez.
La recuperación de estos recursos, explicó, se dio a partir del logro de acuerdos “reparatorios” que la Fiscalía a su cargo sostuvo con ex funcionarios del sexenio pasado. Esto, dijo, es una forma que permite la ley actualmente para reparar el daño causado por presumibles hechos de corrupción en la administración pública.
“En este caso un acuerdo reparatorio, si hay un acuerdo entre la autoridad y el imputado podemos hacer un programa o un plazo de reparación de reparación del daño para que el proceso termine a su favor lo antes posible”, explicó.
El fiscal se reservó los nombres de los ex funcionarios “para proteger el sigilo; pero”, sostuvo, “que ya hay un acuerdo reparatorio en diversos asuntos en donde ya está aprobado un regreso de 2.5 millones de pesos al Estado”.
Iruegas Álvarez, sin embargo, afirmó que lo que no se logra aún es que la autoridad por sí misma recupere los recursos públicos que habrían sido malversados o desviados, como una forma de reparar el daño hecho al Estado.
Según aclaró, actualmente la Ley de Extinción de Dominio de Oaxaca no contempla los delitos cometidos por servidores públicos.
“La Ley de extinción de dominio que tiene sustento legal en la Constitución solamente habla de tres delitos: secuestro, trata de personas y robo de vehículos y en la ley estatal esos delitos se le suman tres más, que son asociación delictuosa, narcomenudeo. En total son seis”.
El funcionario informó que se trabaja con los legisladores locales para incluir en la Ley de Extinción de Dominio delitos como abuso de autoridad, peculado y el enriquecimiento ilícito, porque permitirían empezar a generar acciones para recuperar el dinero público.
Mientras tanto, apuntó, se trabaja con lo que les permite el Código Nacional Penal y que refiere a embargos precautorios, cancelación de cuentas; “eso sí sirve para que se inmovilice el patrimonio de estas personas, pero no para que en automático se regrese el dinero”, dijo.