La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca sancionó por 170 millones de pesos a José Zorrilla de San Martín Diego, ex titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (Styde) durante el sexenio del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo (2010-2016).
Además de la multa económica, el ex funcionario fue inhabilitado por un periodo de 10 años para ejercer cualquier cargo público. Ambas sanciones son resultado de las irregularidades encontradas en 2015 en dicha dependencia estatal.
La resolución, que fue emitida el 12 de noviembre, pero acaba de hacerse pública, se desprende de las observaciones contenidas en el expediente 118/RA-A/2017, en el que se detalla que el ex funcionario es probable responsable de un desfalco de 170 millones de pesos en la construcción de un estacionamiento para mil autos en el auditorio Guelaguetza.
Según las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), Zorrilla no presentó la documentación comprobatoria de la aplicación de recursos federales del ejercicio 2015 destinado a la construcción de dicho estacionamiento.
En las revisiones de campo y documental se detectaron irregularidades en el plan de obra de las escalinatas, la estructura y remodelación del estacionamiento.
Por estas irregularidades también se investiga a Francisco Zorrilla, ex director del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico (Fidelo), primo de José Zorrilla, y dos funcionarios más.
El ex titular de la Styde nunca ejerció su derecho de audiencia ni se presentó a aportar pruebas que lo absolvieran del desfalco millonario del que se le acusa, pese a las notificaciones de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Por esta razón quedó firme la sanción económica y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Mil sancionados.
El secretario de la Contraloría de Oaxaca, José Ángel Díaz Navarro, informó a EL UNIVERSAL que en la actual administración se ha sancionado a unos mil funcionarios por la comisión de faltas graves en el desempeño de sus cargos.
Las sanciones que han impuesto, precisó, van desde inhabilitaciones para ejercer cargos públicos entre dos y hasta 10 años, así como multas económicas que en algunos funcionarios superan los 100 millones de pesos. Estos procedimientos son parte de la revisión que hace la SFP a las observaciones por más de 8 mil millones de pesos que arrastraba el gobierno oaxaqueño.
Los servidores públicos con mayores sanciones son de aquellas dependencias que manejan mayores presupuestos como los Servicios de Salud, el Seguro Popular y la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial, entre otras.
Confirmó que existe una denuncia penal por las irregularidades encontradas en la edificación del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca (CIMO), obra inaugurada sin concluirse, al final de la administración de Cué.
“Nos entregaron observaciones arriba de 8 mil millones de pesos y las sanciones que hemos metido son contra los funcionarios que no entregaron la documentación soporte o que reportaron obra como pagada, pero que no fue ejecutada”, explicó.
Respecto a las observaciones de 900 millones de pesos a la Cuenta Pública 2017, primer año de la administración de Alejandro Murat, el secretario aseguró que ya se entregó la documentación que solventa esas observaciones y esperan “no tener mayor problema”.
